El origen de la ciudad siempre está ligado a la política y al propio origen de la democracia. Pero cuando este espacio de la política recurre a la justicia para resolver asuntos no estrictamente judiciales, se termina judicializando la política. La próxima decisión judicial sobre la legalidad del Área Metropolitana de Vigo (AMV) coloca a los jueces en el centro de la atención pública y mediática, politizando su función, y convirtiéndolos en víctimas de la tecnoestructura partidaria del denunciante.
Situar al transporte como causa de confrontación, con criterios formalistas y utilizando a los jueces que reinan... pero que no gobiernan, es pretender echar por los aires uno de los proyectos más esperados: aglutinar la labor municipalista de un núcleo territorial históricamente consolidado como es el AMV. Es importante el transporte, pero no es lo único. Además, el tipo de transporte que necesita el nervio metropolitano vigués requiere otro tipo de organización, diseño y cálculo de tarifa diferente, de acuerdo con el nuevo peso de movilidad ciudadana. En la planificación de nuevas redes interurbanas y su acoplamiento con la red urbana deben intervenir las empresas afectadas, terrestres y marítimas, y las instituciones correspondientes, para crear las bases de una Autoridad Metropolitana del Transporte o similar, así como elaborar un Plan de Acción Territorial que dé cobertura a los municipios integrados.
Mientras, nada impide que los concellos, con libre voluntad política de asistencia, acudan a reuniones en las que se avance en el estudio de las posibles actividades de la AMV. Este largo tiempo de espera judicial es buena oportunidad para encarar y estudiar sin premuras de tiempo los temas metropolitanos más urgentes. Y aquí tienen que estar todos los municipios. Es su responsabilidad histórica para anticiparse al futuro, gobierne quien gobierne las ciudades.
Aquel decreto-ley (4-2012) que declaraba al AMV como entidad jurídica, y que fue la base legal para la elección de los consejeros metropolitanos, presidente y vicepresidentes de la actual Área metropolitana -hoy recurridos- podrían seguir teniendo validez para los magistrados del contencioso, junto con la anulación de la orden del Ejecutivo de cesar toda actividad del nuevo ente plurimunicipal. Por eso es prematuro el anuncio de enterrar al recién nacido sin que la Justicia diga la última palabra. Este nuevo cuerpo metropolitano todavía puede desarrollarse en un próximo futuro. El Área no está muerta, lo que ocurre es que sin contenidos todavía no está operativa, por eso mantenemos nuestra confianza en la resolución judicial.
A pesar de las tormentas es imprescindible la comunicación institucional Xunta-Concello de Vigo. El ejercicio del poder de estas dos administraciones no consiste en dibujar un recuadro de restricciones, impuestas por las preferencias estratégicas de cada grupo político. Las reglas y los entendimientos en directo dan marco al pensamiento, restringen la interpretación y dan forma a la acción constructiva del nuevo ente metropolitano.
