En el campo judicial se juega, uno de estos días, la estabilidad legal del Área Metropolitana de Vigo (AMV). Con el recurso judicial presentado por la Xunta de Galicia, este órgano del Estado rechaza el diálogo para resolver el problema metropolitano y recurre a las decisiones de la justicia para dejar el balón en su tejado.
Hemos propugnado el diálogo por encima de todo, porque la ética del diálogo es un referente de los derechos humanos como lo son para las relaciones institucionales, sobre todo cuando se pretenden construir nuevos estamentos metropolitanos que definen nuevos horizontes para la calidad de vida ciudadana. Aquí se ha desatado la política del miedo a echarlo todo abajo y la confrontación tras la constitución legal del AMV, en vez de practicar la política de pacificación y diálogo,
La Xunta debiera saber aplicar mejor que nadie el ideal de la imparcialidad para poder negociar con modos positivos de convivencia, sin necesidad de recurrir a la justicia como elemento coactivo para paralizar el AMV. Menos mal que la Justicia es garante de imparcialidad y sabe que hay cuestiones políticas que no se deben judicializar.
Si la justicia depende de los valores de la sociedad, posiblemente este sea uno de esos momentos relevantes de la historia de Vigo, en los que hay que aplicar con todo rigor lo que es razonable y equitativo, que define la voluntad de la sociedad metropolitana. Es un momento histórico para Vigo y para los municipios de su entorno. Aunque en España no siempre la verdad judicial es la verdad histórica, esta verdad al servicio de la justicia debe tener el beneficio de la misma respuesta.
Es posible que el cargo político de la Xunta que ha presentado el recurso contra el Área Metropolitana, violando el derecho a la verdad, piensa que de la misma manera que algún alto estamento judicial permite que haya culpables sin condena, la justicia tenga que ser una institución cegada, obstruida, que solo contempla lo que quiere el interés político.
Lo cierto es que existe un sustento cultural y consenso ciudadano compartido, en los catorce municipios metropolitanos, que mantiene la fundamentación solidaria del Área Metropolitana de Vigo, y que no entiende la utilización de la justicia como actor en la conveniencia política, menospreciando la relación de la ciudadanía con el órgano judicial.
La macrocefalia institucional define la concentración del poder político y la administración en un rígido organismo central, en este caso la Xunta. Bajo este control centralizado es comprensible que la pluralidad metropolitana de Vigo suponga un riesgo de desconfianza que se escape al control de dicha macrocefalia de competencias. Afortunadamente la metrópoli del futuro es el nuevo poder emergente y municipalista de abajo arriba.
