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Javier Sánchez de Dios.

Crónica Política

Javier Sánchez de Dios

El trato

El envío a prisión de los directivos de NCG subraya la desigualdad de casos semajantes

Probablemente, lo más duro de la decisión judicial que condenó primero y ordenó después prisión para los directivos de NCG -los cinco procedentes de Caixanova- ha sido el comportamiento desigual para con otros en una situación semejante. Y no se pretende establecer comparaciones, que suelen ser odiosas, sino sencillamente subrayar evidencias de aquella desigualdad, e incluso de maltrato para unos y no para otros.

Porque nadie, desde la recta razón, puede negar que los hechos que motivan la condena no habrían sido posibles si diferentes Administraciones hubiesen cumplido su deber in vigilando. Una, la el Banco de España, cuyos representantes afirmaron ante la Audiencia la "legalidad" de las cuantiosas indemnizaciones cuya filtración no pocos creyeron una "vendetta" por supuestos agravios a terceros en que habrían incurrido los condenados.

Otra de las obligaciones que no se ejerció fue la de la Xunta, el necesario control. Un Gobierno gallego que llegó a garantizar, mediante una extraña auditoría pagada a una empresa privada con fondos públicos, la "solvencia" de las cuentas de la fusión; que, al parecer, incluían las discutidas indemnizaciones. Pues, en esos entornos, nadie asumió -ni se le exigieron- responsabilidades. Y en cambio se condena y encarcela al señor Gayoso como "autor necesario" de un delito.

Pero hay más elementos desconcertantes. Se declara culpable en NCG, que tenía presidencia compartida, a uno solo de sus dos máximos dirigentes que, aún turnándose y por simple lógica, deberían conocer las cifras de la entidad, sobre todo cuando una de sus partes originales -Caixa Galicia, precisamente la presidida por el dirigente excluido del proceso- estaba prácticamente quebrada.

Ese dato, reconocido ante el Parlamento gallego por autoridades autonómicas, tampoco contó a la hora de las acusaciones de posible mala administración. Ni se cuestionó el hecho de que uno de sus cargos más importantes se jubiló con una indemnización de 18 millones de euros pagados por la casi quebrada Caixa Galicia muy poco antes de la fusión y ratificados después por el nuevo presidente de NCG, José María Castellano, a quien tampoco se le reclamó responsabilidad alguna.

Son demasiadas cosas raras, como lo es que se pretenda hacer del caso de la entidad gallega una especie de ajuste de cuentas por el "saqueo" de las cajas en vez de empezar por las que proporcionaron mayores agujeros. Y aunque las cuestiones expuestas no agotan las incógnitas, parece que la Comisión de Investigación Parlamentaria, curiosamente solicitada por el PPdeG hace pocos días, tendrá trabajo.

¿No...?

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