Estos días pasados tuvo lugar en Madrid el curioso espectáculo político conocido como la Conferencia de los Presidentes. Primero se reunieron en sesiones preparatorias la vicepresidenta del Gobierno y el ministro de Hacienda con los consejeros de Presidencia de las 17 comunidades autónomas, y ayer martes el Rey y el presidente del Gobierno, con los máximos dirigentes de esos entes territoriales a los que unos pocos quieren dar carácter embrionario de nación y una mayoría, de simples administradores de competencias delegadas por el propio Estado.
Al decir de los partícipes en esos encuentros, el diálogo se desarrolló con cordialidad y solo hubo que lamentar la ausencia de los presidentes de las comunidades autónomas de Cataluña y del País Vasco, que se consideran a sí mismos como representantes de un proyecto nacional independendista y republicano, si bien en distinta fase de evolución. El de Cataluña en proceso, al parecer inminente, de separación del Estado español (para el otoño a más tardar, según anuncian sus promotores) y el del País Vasco, para más adelante, cuando el tiempo y la autoridad competente lo permitan que se dice en los carteles de las corridas de toros.
Pese a todo (la quiebra de la estructura del Estado, tal y como lo conocemos desde hace siglos, no es un asunto menor), el interés principal de los convocados en Madrid fue el de la financiación de esos tinglados político-administrativos que surgieron al amparo de la Constitución de 1978. Esa misma que, haciendo equilibrios lingüísticos para evitar la "vuelta de la tortilla", incluyó un artículo 2º en el que se permite cohabitar a una "nación española, como patria común e indivisible de todos los españoles, con el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran". Un embrollo jurídico para entretenimiento de generaciones venideras que no aclara, llamándolas por su nombre, cuántas y cuáles son esas autonomías, ni (muy importante) cómo se financian las competencias que se les deleguen, ni los mecanismos de solidaridad fiscal entre ellas. Por ejemplo, el modelo actual data del año 2009 y debería haber sido modificado en 2014, lo que ha provocado notables insuficiencias en la atención a la ciudadanía.
La Conferencia de Presidentes fue una iniciativa de Rodríguez Zapatero en 2004 y su reglamento de funcionamiento obligaba a convocarla una vez al año, un compromiso que no fue respetado. Situar la ordenación territorial del Estado español dentro del ámbito del derecho comparado es una tarea complicada, porque no responde a un modelo federal ni confederal aunque presenta rasgos de los dos. Y a ello hay que sumar la peculiaridad del cupo vasco, por si fuera pequeño el lío. Por lo demás, la llamada Conferencia de Presidentes no ofreció grandes novedades fuera del compromiso de estudiar un nuevo sistema de financiación que comenzarán a negociar la semana que viene representantes de las autonomías y del gobierno central.
En las imágenes servidas por los medios se pudo ver una mesa enorme y tan larga como una cancha de baloncesto en la que se agolpaban los representantes de ambos bandos. Desconozco cómo fueron de tumultuosas las reuniones de las doce Tribus de Israel o de los jefes de las tribus indias antes de la batalla de Little Big Horn, pero de esas aglomeraciones no suele salir nada bueno.
