La mayor parte de quienes se interesan por la operación Pokemon y sus múltiples derivadas que instruye la juez de Lugo señora De Lara tenían la convicción de que era cuestión de tiempo que el asunto se desmadrase y acabase en escándalo. Quedaban dudas sobre cuánto tardaría y por dónde saldría, pero actuaciones con varios años de duración sin que se abriesen juicios orales, y la abundancia de piezas separadas sobreseídas por falta de pruebas eran la crónica de un lío anunciado.
Y apareció, quizá por donde menos se esperaba y más daño puede hacer a la Justicia y a sus servidores. No porque se pongan en duda las condiciones de honestidad de jueces y magistrados, sino porque refuerza la idea de que "ahí" -en la Pokemon- pasan cosas raras. Algo que estaba en la calle, se denunció por políticos y ahora causa ruido entre magistrados, jueces e investigadores.
La derivada tiene mucha gravedad porque se trata ya de conversaciones entre esos magistrados con investigados por blanqueo de dinero. Funcionarios que no supieron moderar sus diálogos -de por sí discutibles- con los imputados e incluyeron en ellos frases descalificadoras de De Lara -"loca de atar" que "recibirá un carallazo", se dijo de ella-, o del responsable del SVA que actúa como policía judicial y del que se afirma que "como los cerdos, tendrá su San Martín".
Es el colmo, sí. Lo es que los comentarios que están en la calle sobre la impulsora de una aparente guerra total contra la corrupción, y lo es que autoridades judiciales compartan frases comunes en charlas callejeras o de café entre técnicos; e igualmente que se graben sus conversaciones telefónicas -queda dicho: poco explicables- o que se le anuncien a la señora De Lara y sus colaboradores graves males. Es intolerable.
A partir de ahí, resulta ya cuestión inaplazable una intervención del Consejo General del Poder Judicial. O una agilización de su inspección, no sólo para atender las quejas de los Colegios de Abogados de Galicia y el Consello de la Abogacía, sino para devolver la calma a los Juzgados y la confianza a los justiciables y a los ciudadanos en general.
Y no debe confundirse lo que pasa en Lugo -o desde allí- con el endémico y desdichado problema de la falta de recursos técnicos y humanos en la Justicia. Este es de otra índole, casi personal y de ejercicio que puede y debe, si así lo estima el CGPJ, tener un remedio rápido y eficaz. Porque la situación -que incluye las filtraciones interesadas, es más fácil de aclarar si se responde a la antigua pregunta del "quid prodest?"- y ya no deja demasiado margen para la paciencia.
¿Eh...?
