Europa se dotó de un mecanismo de intervención en caso de crisis bancarias cuya filosofía se acaban de pasar por el arco del triunfo las propias autoridades europeas y el Gobierno de Italia a propósito del rescate del sector financiero de este país, particularmente del Monte dei Paschi, algo así como la Bankia transalpina. El procedimiento de resolución bancaria que entró en vigor este mismo año consagró el principio de que sean los accionistas y acreedores de las entidades en quiebra quienes soporten las pérdidas principalmente y antes de que lo hagan los contribuyentes. Es el criterio que en jerga financiera se denomina bail-in, frente al bail-out, que supone la inyección de capital público sin más.
El mecanismo significa que los accionistas, bonistas (tenedores de deuda o de productos híbridos de capital del banco) e incluso los depósitos por encima de los 100.000 euros deben asumir sacrificios que de otra manera se cargarían sobre el conjunto de la ciudadanía. Fue lo que se hizo en Chipre en 2013 y en parte también lo que se ensayó con los preferentistas en el programa de auxilio a la banca española. En este caso, además de severas condiciones directas (recortes en los bancos auxiliados) e indirectas (la exigente reforma de las pensiones de 2013 se hizo bajo presión asociada al rescate), los ahorradores atrapados en participaciones preferentes y títulos de deuda subordinada de las antiguas cajas tuvieron que asumir duras quitas en su dinero, que por lo común sólo recuperaron por completo demostrando ante los tribunales las irregularidades y engaños en que había incurrido el sector en la comercialización de esos productos.
Pues bien, el rescate de Monte dei Paschi y presumiblemente de otros bancos italianos (con un fondo público de 20.000 millones) está ideado por Italia y en principio asumido por Bruselas con quitas parciales a los grandes inversores, pero dejando a salvo por completo a los pequeños, de los que, como ocurrió en España, hay miles con títulos análogos a las preferentes. Italia y Bruselas, tan estricta en su momento en la negociación con España, han utilizado un resquicio de apariencia legal para blindar a los italianos, un ardid relacionado con la circunstancia de que la intervención se produce después de que Monte dei Paschi suspendiera las pruebas de resistencia (test de estrés) de la Autoridad Bancaria Europea (AEB), lo que permite una "recapitalización precautoria" con dinero público sin pasar por el trance del bail-in y del escrutinio de la Troika (los hombres de negro de la Comisión Europea, el FMI y el BCE).
Los analistas y periodistas que mejor conocen la burocracia europea están desnudando el agravio y poniendo el dedo en la yaga: la capacidad de influencia política en Europa que tiene Italia y de la que carece España y no digamos Chipre. No en vano, Roma tiene a dos de los suyos al frente del BCE (Mario Draghi) y de la AEB (Andrea Enria). Algunas fuentes tienden a justificar lo ocurrido por el riesgo que una solución distinta conllevaría para la frágil situación política italiana. Importaron mucho menos en su día los problemas de España y de los españoles.
