Decía, o le atribuyen, un tratadista de las ciencias bélicas -que las hay- que con las tácticas defensivas se alargan las guerras, pero que para ganarlas hay que pasar a la ofensiva. Y eso, aplicado a la actividad mercantil, que muchas veces no deja de ser una batalla sin cuartel, es lo que a primera vista parece haber iniciado el empresariado del sur de Galicia con respecto a algunas prácticas de negocio en Portugal.
Conste, antes de proseguir, que sería un error lamentable convertir la legítima mutua defensa de los intereses respectivos en una "guerra". Sobre todo si se tiene en cuenta que las dos zonas -el sur gallego y el norte lusitano- son el meollo de lo que sigue siendo proyecto de Eurorregión, y que están unidas por más cosas que las que las separan. Pero aún así, y en situaciones como la actual, la competencia, válida casi siempre, exige más que nunca el adjetivo "leal". Para evitar líos.
El caso es que los empresarios gallegos, que solicitan se investiguen los métodos que emplean al otro lado del Miño sus colegas, e incluso sus administraciones, no acaban de fiarse de esa lealtad. Y su petición tampoco debe interpretarse en clave de hostilidad, sino de claridad para liquidar resquemores mediante el mejor procedimiento, que es la aplicación de las reglas vigentes, tanto las nacionales como las de la Unión Europea.
Que "algo" puede haber lo demostraría el hecho incuestionable de que los que se instalan allí tienen sobre todo un motivo económico, que es el precio del suelo, y otro laboral, que son los más bajos salarios que se abonan a los trabajadores lusitanos. Lo que habrá que hacer es revisar si, aún así, todo está dentro del orden europeo y, si no, corregirlo. Punto.
La cuestión tiene un especial interés para los gallegos desde que se hizo público, precisamente en este periódico, que Portugal estaba captando fuertes inversiones industriales utilizando como reclamo las infraestructuras de comunicación que Galicia tiene y que aproximan a Europa al norte lusitano. Y con el reciente episodio del AVE, si es que Fomento cumple su enésima promesa de puntualidad en los plazos -al menos los de última referencia- esa utilización no será solo para mercancías sino también para pasajeros. Es lógico.
Bueno, pues eso no puede prohibirse, en aplicación de la normativa comunitaria, ni sería lógico entre dos países con relaciones fraternas. Pero sí parece razonable tratarlo al máximo nivel para buscar una coordinación que prevenga conflictos, siempre posibles cuando de lo que se trata, al final, es de las cosas de comer. Y es bien sabido que todo el mundo aconseja que con eso no se juegue.
¿Eh...?
