En la reforma de la financiación de las Comunidades Autónomas (CCAA), los gobiernos autonómicos se juegan mucho. Se juegan la dinámica de su presupuesto para los próximos años, lo que implica la evolución que seguirán sus servicios y la satisfacción de unos ciudadanos que, en un plazo más o menos breve, tendrán que confirmarles o pedir el cambio. Por otro lado, cada uno de los gobiernos autonómicos es el que mejor conoce las necesidades y carencias en su territorio. Por eso, es inevitable que los diagnósticos y propuestas de choquen: perciben cosas distintas y, al menos parcialmente, se trata de un juego de reparto en el que lo que unos ganan, lo pierden otros.

Obviamente, no todos los argumentos y propuestas tienen la misma solvencia y respaldo técnico, no todo vale lo mismo. Pero no podemos confiar ciegamente en que un acuerdo entre las partes autonómicas vaya a generar algo colectivamente razonable y estable. El gobierno central puede aportar esa visión global, si bien es cierto que es parte financieramente interesada, lo que se nota al hablar del reparto vertical de los recursos, esto es, el reparto entre niveles de gobierno.

Por eso creo que es fundamental la participación de plataformas y organizaciones con perspectiva general a las que no les vaya en la negociación un interés financiero directo y que, por tanto, puedan actuar de forma más independiente y neutral. Me refiero a la creación de un grupo de expertos desde el Ministerio, pero también a centros y redes de investigación, a sindicatos y organizaciones empresariales a escala estatal, y a los cuatro grandes partidos también a escala estatal. Necesitamos más consensos y referencias globales.

*Director del Foro Económico de Galicia