En un Estado de Derecho se entiende que el poder político es el encargado de legislar y crear un marco jurídico para el desarrollo de la sociedad civil y empresarial. En los países que se rigen por una economía libre de mercado entendemos que una vez creado el marco regulador y el consiguiente control de su cumplimiento el poder político debe de ceder el protagonismo a esa sociedad, facilitando y agilizando los trámites y el camino para su desarrollo sin intentar salirse del marco de la propia Ley tratando de establecer por su cuenta y riesgo mecanismos de control y exigencia según su propio pensamiento o coyuntura política que vayan mas allá de esa Ley.

En Vigo estamos a día de hoy ante un debate no menor sobre el Celta, su posible venta, el posible traslado del campo a otros concellos limítrofes, la construcción de una ciudad deportiva e incluso la pretensión del consejo de administración del club (hoy SAD) de comprar Balaídos a la ciudad.

Este debate que sin duda el próximo día 12 en la asamblea de accionistas debiera de ser motivo de una amplia información por parte del consejo con la mayor de las transparencias y datos posibles, debería desde mi punto de vista extenderse a los verdaderos propietarios del estadio que son los ciudadanos de Vigo y en esa línea instar una consulta abriendo un proceso informativo con las propuestas de compra, contrapartidas, precios, moratorias y pliego de condiciones. No debiera este mecanismo de consulta resultar molesto para nadie, ya que el ejercicio directo de la democracia en un asunto de claro interés para Vigo sería esclarecedor, vinculante para todos y no comprometido para los representantes políticos que debieran dejar a los ciudadanos la decisión final y la responsabilidad y consecuencias por ende.

El planteamiento del consejo del Celta de intentar crecer a través de la obtención de patrimonio e independencia para gestionarlo dentro del marco legal es legítima y además razonable desde todo punto que se vea.

Si queremos un Celta sólido y robusto no lo podemos embridar en ese proyecto de crecimiento. Un club o entidad al arbitrio de decisiones políticas variables o coyunturales está condicionado de por vida y no siempre esas decisiones se ajustan a derecho. El fallido Plan General es el ejemplo mas palmario de que la infalibilidad jurídica no siempre acompaña la acción política y el resultado lo sufren empresas y ciudadanos ya que en el asunto que nos ocupa no conozco responsables, solo DAMNIFICADOS.

Si el Celta quiere crecer, comprar, hacer obras, buscar inversores y sentar las bases de solidez deseables hay que facilitar el camino dentro de ese marco legal al que antes aludía, con agilidad, flexibilidad y libertad máxima dentro de la ley y hay que generar cauces de entendimiento y foros donde se conozca en detalle la o las propuestas y los problemas legales que puedan impedir el desarrollo de los proyectos.

A lo largo de todos estos meses hemos escuchado opiniones diferentes de la sociedad de Vigo, del Concello y del Celta. La última comparecencia del Celta ante los empresarios del Club Financiero nos habla de las distintas ofertas y proyectos que no han contado con el beneplácito necesario para realizarlos y es aquí donde debemos de hacer el punto de inflexión, dado que los ámbitos de desarrollo aludidos como posibles en Valladares, Cabral, Bembrive o la propia Madroa supongo estarán sujetos a normativa urbanística que bien puede ser consensuada, como parece que se hace con la estación del AVE en Vigo realizada y adjudicada a una empresa privada y diseñada por Mayne. Nadie a estas alturas debiera esgrimir recelos a las inversiones privadas y al legítimo interés de hacer negocios, crear empleo y riqueza y por supuesto obtener plusvalías.

Creo que debo de abogar por que haya un consenso entre Celta y ciudad precisamente por la "peculiaridad" del Celta y su historia íntimamente ligada a Vigo y su área. Un Celta mejor y mas potente hace ciudad y será mas potente cuanto mas independiente sea, mas patrimonio tenga y mas estable su gestión. El Celta vive, juega y entrena en casa ajena por mucho que lo haga en exclusiva; no debe escandalizar ni sorprender que quienes lo dirigen deseen casa propia para todo si además aportan para ello la inversión y el mantenimiento del que se librarán las arcas públicas. Deberíamos sentar las bases en la próxima asamblea del entendimiento y si es preciso de una consulta a Vigo sobre la venta de Balaídos procurando que el debate sea intenso fructífero y correcto, de explorar un emplazamiento acorde para la ciudad deportiva y desbloquear ese pulso Celta-Concello tan innecesario como estéril.