| Sobre sueldos. En Marea nació en verano como el partido, que iba a batir al PPdeG en las elecciones autonómicas. La nueva fuerza, promovida por Anova, EU, las mareas locales y al que con resistencia se sumó Podemos, logró ser la segunda fuerza con más votos en Galicia, empatando en escaños con el PSdeG, pero todavía tiene un largo camino por delante si quiere dejar de parecer una ensalada de siglas y visualizarse ante la opinión pública, como un partido apto para liderar la alternativa a Galicia. El lío de los sueldos en la formación encabezada por Luís Villares, así lo evidencia. En Marea todavía funciona como una coalición de partidos, en la que las diferentes siglas no renuncian a su protagonismo, velan armas, cuidan su terruño y no terminan de creer del todo en la fórmula de En Marea. El acuerdo de cuánto debían donar los diputados a la formación se retrasó, no solo por la cuantía a fijar, también porque parte de los socios exigían su parte. Podemos y Esquerda Unida no renunciaron a que los parlamentarios que militan en su seno también les ayuden a sufragar sus respectivos gastos. Así que habrá diputados que traspasen parte de su sueldo a En Marea y otra parte al partido morado o a EU, lo que además ya ha provocado una nueva rebelión interna en el partido morado, con parlamentarios que solo alimentarán económicamente al nuevo partido. Anova ha descartado pedir a los suyos dinero. Que las piezas no terminan de encajar en el nuevo engranaje de En Marea se comprueba cuando además en el Congreso los diputados ganarán menos que los de aquí porque allí se pliegan al código ético de Podemos, que establece un techo de tres salarios mínimos (1.965 euros al mes). ¿Puede funcionar una empresa donde los empleados por el mismo trabajo perciban distintas retribuciones? ¿Si En Marea permite que parte de sus diputados ganen más de 1.965 euros al mes está admitiendo que el tope fijado por el partido de Pablo Iglesias es excesivo? La fuerza y el empuje de En Marea se comprobará en la Asamblea que el nuevo partido convocará para diseñar su hoja de ruta y en la conformación de una dirección, supuestamente sin cuotas de partidos. Está por ver.
| Efecto contagio. Los extremos se tocan, incluso con riesgo de contagio. También en política. Tanto que en los últimos tiempos existe el riesgo de confundir a algunos del PP en su comportamiento con los dirigentes de las Mareas. Y al revés. Alcaldes del PP se plantaron hace quince días en la Diputación de Pontevedra para exigir una entrevista a la presidenta por el reparto de los fondos locales y parte de los mismos fueron el jueves a la constitución del Área Metropolitana de Vigo con ánimo belicoso. ¿No parece más propio de los diputados de la izquierda rupturista que exasperaban los ánimos de Pilar Rojo en la pasada legislatura? En sentido contrario, el primer edil imputado de una Marea se resiste a dimitir y goza del respaldo de sus superiores. "Ratifico mi confianza en el edil investigado y creo en la separación de poderes (del Estado) y no quiero que el tiempo me quite la razón". ¿Les suena? ¿Ya lo han oído antes en boca de algún dirigente del PP o del PSOE? Sí, pero la cita reproducida aquí la pronunció el viernes el regidor de Santiago, Martiño Noriega, cuando salió en defensa de Jorge Duarte, investigado por supuesta prevaricación en trato de favor, al presuntamente frenar multas contra bares. Seguramente Duarte no debe dimitir, pues librarse de los rivales en política podría ser muy fácil, bastaría con una denuncia en un juzgado, pero el problema lo creó En Marea al elevar el listón. Los ciudadanos no se leen la letra pequeña de los códigos éticos de los partidos, que en el caso de Compostela Aberta obliga a dimitir solo en caso de corrupción con enrequicimiento ilítico, que no sería el caso de Duarte, pero sí se han hartado de escuchar a los dirigentes de la izquierda rupturista pidiendo la dimisión de todo rival político al que un juez le hubiese puesto el foco. Ahí está el problema de En Marea. ¿Tiene dos varas de medir?
| ¿Sitio distinto? El mismo día que PP y PSOE alcanzaban su primer gran pacto para aprobar el techo de gasto, elevar el déficit de las autonomías y subir el salario mínimo un 8%; el mismo día que el Gobierno español tendía puentes, mostrándose dispuesto a estudiar una posible reforma de la Constitución; el mismo día que Soraya Sáenz de Santamaría ensalzaba la figura del socialista Txiki Benegas, al recordar cómo fue clave para cerrar a las cuatro de la madrugada del 26 de agosto de un lejano 2011 la reforma constitucional para blindar la estabilidad presupuestaria y así frenar el rescate de la economía española, en Vigo nacía, pero con bronca y disenso, la tan esperada Área Metropolitana. ¡17 años gestándola para arrancar con un debate tenso, que alcaldes del PP abandonaron a la primera de cambio anunciando que dan el Área por muerta! Si el PSOE en Madrid se felicita sin complejos por pactar con el PP y garantizar así a las comunidades más recursos, ¿por qué aquí los grandes partidos no pueden ponerse de acuerdo en una vieja aspiración, como el Área Metropolitana? Los alcaldes, del color político que sean, deben velar por los intereses de sus vecinos, y el sitio para intentarlo es el Área Metropolitana.Una parte (la financiación del transporte metropolitano) no puede invalidar el todo (el Área) porque ésta es mucho más que el servicio de bus, pues tiene competencias para la gestión común del agua, de la basura, la promoción del turismo y la cultura, empleo, servicios sociales, ... ¿Mientras se salva el escollo del transporte metropolitano, no pueden avanzar en otros campos? El problema no es que haya discrepancias o conflictos, porque los habrá siempre con 14 regidores de distintos colores políticos con ocho partidos diferentes en la asamblea metropolitana, ¡sería un milagro que no fuera así! El Área se ha dotado de los mecanismos necesarios para hallar ámbitos de consenso o procedimientos para superar los conflictos. Y en caso de disparidad o falta de acuerdo en la interpretación se puede acudir a la vía del Contencioso-Administrativo, como apunta el mismo convenio que alumbró el Área y como aconsejó el Consello Consultivo de Galicia. Puede ser la solución al conflicto sobre la financiación del transporte, que tan lamentablemente ha emborronado el arranque de una entidad llamada a hacer historia. Las partes discrepantes lo que tienen que hacer es, lógicamente, comprometerse a acatar lo que resuelva el Contencioso. Todos deberían recapacitar, hacer un esfuerzo por no alimentar la desconfianza de los ciudadanos, que no entienden por qué en vísperas electorales se dio luz verde a un Área para luego no apostar por ella. ¿Puede tener futuro el Área, si recién constituida una parte estudia ya impugnar su creación?
