El pasado 22 de noviembre tuve la oportunidad de presentar un magnífico documento del Foro Económico de Galicia: "Novas demandas para o rural galego (documento 18/2016)". Los autores de este documento son profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la investigación relacionada con el medio rural y recogen en él muchas de las aportaciones que se debatieron por expertos sobre la materia en el encuentro organizado por el Foro en las instalaciones de Bodegas Casal de Armán, el 30 de junio de este mismo año.
En la presentación señalé que era un documento ilusionante, porque formula una propuesta de rural vivo, multifuncional y orientado a la producción de calidad; y que era un documento proactivo porque recoge 31 conclusiones y propuestas de actuación. Concibe el rural gallego, más allá de su función tradicional de proveedor de alimentos y materias primas, como un espacio que debe también satisfacer las nuevas demandas de ocio y disfrute del tiempo libre en contacto con la naturaleza y, además, conseguir que la producción respete la calidad ambiental.
Entre sus acertadas propuestas de actuación destacaría las siguientes:
La apuesta por una producción agroalimentaria de calidad, basada en las variedades autóctonas gallegas, como elementos diferenciadores de nuestros productos y que aportan la singularidad que reclama el mercado de calidad.
La defensa de la marca Galicia como elemento primordial en la comercialización de productos agroalimentarios gallegos.
La necesidad de reforzar el desarrollo y mejora de la competitividad de la industria agroalimentaria de nuestra comunidad.
La propuesta de implicar a las administraciones en la captación de capital privado gallego o foráneo para invertir en la transformación industrial de nuestros productos agroalimentarios.
Y dentro de la multifuncionalidad del rural, un apoyo claro a la conservación de los recursos naturales y paisajísticos, promoviendo una oferta de ocio complementaria y asociada al turismo rural más allá de su concepción tradicional: mejora de la oferta de ecoturismo, agroturismo, enoturismo...
Desde el punto de vista público, el Plan de Desarrollo Rural de Galicia 2014-2020 ha sabido detectar buena parte de los problemas estructurales del rural gallego, presentando líneas de actuación y de ayudas coincidentes en buena medida con la senda que marca el documento. Por otro lado, el compromiso de la Xunta de Galicia con esta visión del rural se ha puesto de manifiesto de forma reiterada en los últimos meses, y se está traduciendo ya en acciones concretas, como la reciente noticia de la puesta en marcha de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria con el objetivo declarado de que Galicia siga siendo sinónimo de calidad.
Desde la perspectiva de quien ha creído siempre que el rural gallego alberga un enorme potencial para la producción agroalimentaria y las actividades complementarias de calidad, no cabe duda de que todo lo descrito supone una gran satisfacción y anticipa la necesidad de resolver otros obstáculos que pueden poner en peligro el objetivo marcado.
Así, debemos de resolver de una vez las dificultades que encontramos para la movilización de las tierras productivas, que es particularmente baja en el agro gallego. No cabe duda de que la estrategia de impuestos cero en el rural ha supuesto un punto de inflexión en esta movilización, pero debemos de ir más allá. Para ello es necesario potenciar los instrumentos que permitan esta movilización, no solo el Banco de Tierras, sino que también profundizar en los procesos de concentración parcelaria y las reestructuraciones por particulares. En este sentido la Lei de Mellora da Estructura Territorial Agraria de Galicia (Lei 4/2015) es un buen punto de partida, pues contempla ambos instrumentos mejorando notablemente la tramitación de los mismos respecto de la situación anterior.
Además, debemos de conseguir una mayor transparencia de la información sobre la propiedad, cuestión básica debido al minifundismo tradicional y a la escasa coincidencia entre los titulares reales de las fincas rústicas y los que constan en los registros oficiales, como puede ser el catastro.
Por último, tendremos que facilitar el acceso al Registro de la Propiedad de un mayor número de fincas rústicas, para que puedan ser utilizadas como garantía de financiación a los empresarios del rural.
Asumidos estos retos, junto con las líneas de ayudas públicas, habrá que contemplar la posibilidad de impulsar instrumentos que faciliten la inversión privada con el objetivo de configurar ese rural multifuncional y orientado a la producción de calidad. Y siempre garantizando que el valor añadido sea suficiente para beneficiar a todos los actores del proceso de producción, dignificando, mediante la rentabilidad de sus explotaciones, la figura del habitante del rural.
