El meollo de la cuestión está en saber cuál ha sido el motivo verdadero que ha terminado por endemoniar la subasta pública de la antigua Cámara Sindical Agraria por la Consellería de Facenda, y adivinar qué es lo que ha impedido una solución salomónica, nunca mejor dicho, para la división horizontal del histórico pazo de San Román entre las dos partes interesadas.
Algo no cuadra en el desarrollo de esta licitación aparentemente inocua, que después de varios meses de tira y afloja ha terminado por convertirse en una auténtica patata caliente para la administración autonómica.
El precio de salida en la primera subasta ascendió a 850.000 euros y no atrajo el interés de ningún postor. Hasta aquí, todo normal. La tasación apuntaba una valoración al alza en el mercado inmobiliario y el sentido común aconsejaba prudencia. Hubo una segunda y una tercera licitación con el mismo resultado; o sea ni una sola oferta a pesar de las sucesivas rebajas.
A la tercera no fue la vencida, sino a la cuarta. Hace siete meses, la Consellería de Facenda adjudicó provisionalmente la antigua Cámara Agraria a la empresa Mercant Lupond, única ofertante presentada, por un total de 620.000 euros. Esta cantidad supuso un incremento de cuarenta mil euros sobre su postrera tasación, señal inequívoca de que el precio ya estaba bastante ajustado. Y el beneficiario Santiago Montejo anunció la rehabilitación del inmueble para su grupo dedicado al sector portuario.
Inopinadamente entró en liza la empresa Orgodomonte Inversiones, propietaria del negocio de hostelería que ocupa la parta baja de la antigua Cámara Agraria y de la que toma su nombre original. Con el contrato de alquiler ya vencido desde el pasado verano, Juan José Salgueiro invocó en su representación un derecho de preferencia sobre la referida adjudicación y se montó el lío.
Tan sorprendente ha sido la irrupción de La Cámara en el último minuto, como ininteligible ha sido su negativa a quedarse con la parte que ocupa y dejar la otra al adjudicatario provisional. Eso ofreció infructuosamente éste último para evitar un pleito judicial que está servido. A ver por dónde sale ahora la Consellería de Facenda, pero el asunto promete un desenlace imprevisible.
