El dinero del Plan Concellos de la Diputación está provocando un gran malestar entre los alcaldes populares. Nunca llueve a gusto de todos, se podría pensar, pero lo cierto es que cada administración barre para los suyos en busca de afianzar el poder y asegurarse el voto en las siguientes elecciones.
La institución provincial, gobernada por el bipartito PSOE-BNG busca, en boca de su presidenta Carmela Silva, una "justicia redistributiva" aportando una serie de fondos a mayores a aquellos concellos "seriamente discriminados" durante la era Louzán y que ahora exigen una compensación.
Según datos ofrecidos estos días por la propia Silva hubo concellos gobernados por los populares, casos de Moraña, Meis, A Golada o Pazos de Borbén que recibieron hasta 350 euros por vecino, frente a otros, como Poio que no vieron un solo céntimo y otros como Fornelos, Forcarei, Silleda o As Neves, que tuvieron que conformarse con simples migajas.
Por su parte, los regidores populares acostumbrados a pedir y recibir durante tantos años de democracia se encuentran ahora con el grifo a medio cerrar y han puesto el grito en el cielo. Han optado por acudir en masa al Pazo Provincial para reclamar lo que siempre han recibido.
En este juego andan unos y otros, con el consiguiente cruce de acusaciones hacia la Xunta a donde la Diputación desvía la mirada para justificar el apoyo a sus concellos que tampoco dicen ver un duro de la administración autonómica. Ejemplo de esta denunciada discriminación está la decisión de la Consellería de Medio Ambiente de realizar la obra de mejora de la PO-234 solo en el tramo de Cotobade, gobernada por el PP, y dejar de lado el de Ponte Caldelas, considerado mucho más peligroso, por el hecho de tener un gobierno PSOE-BNG-AVP.
Así pues, este asunto del reparto de fondos donde todos dicen estar en posesión de la verdad, y donde se apela a la justicia redistributiva o a la mala fe del gobernante de turno dependiendo del bando donde uno se encuentre, muestra que el que reparte siempre se lleva la mejor parte.
Establecer unos criterios transparentes para el reparto de fondos a los concellos sería fundamental para acabar con estas disputas y con situaciones injustas que vienen dadas de la aberración que supone que los presidentes de estas instituciones dispongan de tantos millones para repartir discrecionalmente dentro de los fondos de libre disposición.
En ello está la presidenta provincial aunque en su empeño de hacer justicia con el anterior reparto son ahora los alcaldes del PP quienes la acusan de dar ayuda a dedo a sus concellos afines.
Para entenderlo habrá que echar mano de la cita del diplomático y poeta francés Paul Claudel quien dijo aquello de: Lo que consideramos como justicia es a menudo una injusticia cometida en favor nuestro.
