20 de noviembre de 2016

Gestión pública

20.11.2016 | 02:30
Gestión pública

Política sí, pero gestión también. Al lado de las grandes (e imprescindibles) estrategias, de los discursos motivadores y de la habilidad para lograr consensos políticos y sociales, aparece la mera gestión. Gestión que, no obstante, acaba siendo lo que determina el éxito o el fracaso de las políticas públicas y los propios gobiernos. La semana pasada escribía en estas páginas sobre la inexcusable necesidad de evaluar más y mejor las decisiones y los programas; establecer filtros para que no se haga lo que luego la realidad va a demostrar que es un malgasto; experimentar y probar antes de cambiar las leyes y los servicios. Cosas pequeñas que acaban teniendo una relevancia extraordinaria. Hoy me centraré en dos problemas concretos.

El primero, el gravísimo problema de contaminación de nuestros ríos y rías por culpa de la insuficiencia del sistema de depuración de los residuos. Los casos de Vigo y Compostela son los más sangrantes, por el tamaño de ambas ciudades. No es que no haya soluciones sobre la mesa. El problema es que su ejecución se eterniza. La existencia de cuatro niveles de gobierno que tiene algo que decir al respecto (ayuntamiento, Xunta, Ministerio y Unión Europea) es sin duda un factor explicativo. Pero eso tiene difícil solución. Lo que sí es factible es crear una comisión de seguimiento rigurosa, que incluya expertos independientes y que informe en tiempo real de desviaciones en los tiempos y responsabilidades. Hoy, incluso queriendo, no es fácil saber por qué no se están haciendo las cosas. Sin duda, los medios de comunicación son el aliado perfecto para ese seguimiento. El compromiso del Presidente de la Xunta de sanear las rías en la legislatura que ahora arranca debería ayudar a que esas comisiones de seguimiento se concretasen lo antes posible. En caso contrario, me temo que los avances serán los mismos que en la legislatura anterior.

El segundo, el disparate de que, a la altura de Noviembre de 2016, mujeres gallegas que se ven abocadas a abortar por causas que estipula la ley vigente tengan que viajar cientos de kilómetros para recibir una atención que hoy el SERGAS no está ofreciendo. La respetable objeción de conciencia de una proporción más o menos elevada de médicos no debería impedir que se siguiese prestando el servicio debidamente. Como pasa en muchas otras Comunidades Autónomas.

*Director del Foro Económico de Galicia

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