A estas alturas, y ante lo que pasa en el mundo juvenil, parece dudoso que existan discrepancias de relieve con lo dicho por la Valedora do Pobo a este periódico. Cierto que algunas de sus "recetas" son opinables, pero también que la señora catedrática acierta en gran parte de su diagnóstico. Sobre todo al decir que la legislación vigente, y con las cifras en la mesa, no funciona; o al menos no como debería, con eficacia y con eficiencia.
Dicho eso a modo de introito, es urgente insistir en que cuando un 20% de los jóvenes gallegos menores de catorce años admite beber alcohol con asiduidad y exceso, supone un problema de primer nivel. Y que para resolverlo no bastará con una actuación de la autoridad sino que será imprescindible la actitud de cuidado y vigilancia en el terreno escolar. Y también en el doméstico, porque la familia no es una democracia por más que se la defina así, y debe poner orden.
A partir por lo tanto de la educación, que los chicos y chicas han de recibir en sus hogares y la formación, que corresponde a la escuela, puede y debe adoptarse un conjunto de medidas legislativas, pero que han de tener en cuenta que su cumplimiento, al tratarse de menores de edad, recae sobre los jóvenes y sus padres, y la cuestión punitiva, que no se puede descartar, ha de tener en cuenta que el castigo ha de graduarse para evitar que paguen toda la culpa quienes sólo incurren en una omisión.
Dicho eso hay que hablar de los poderes públicos. Que, por cierto, son los que han creado la mayoría de los llamados "botellódromos", especie de guetos donde se permite a muchos menores beber hasta reventar pero lejos de la vista del público en general con la excusa de que así se evitan accidentes. Algo que los balances de siniestros de fin de semana no siempre confirman, aunque se pueda admitir que reduce algunas estadísticas.
En ese sentido, la señora Valedora, que ha estado valiente y comienza por admitir el botellón como problema a causa de los excesos -que son la costumbre; cualquier interpretación benévola es falsa- acierta también al reclamar una legislación adaptada a la realidad para que surta efecto, y sobre todo la extensión de sanciones a los mozos y mozas borrachos que consiste sobre todo en dedicar sus horas libres a reparar los daños que causan en el entorno urbano.
Otras medidas, como acudir a hospitales para ver en qué pueden desembocar sus excesos -cirrosis, enfermedades mentales etcétera- son opinables, porque pueden dar resultado pero a la vez ser peores como remedio que la enfermedad. Pero habría que probar.
¿No...?
