Seamos realistas: Galicia forma parte de la UE como uno más de los territorios que, se quiera o no, integran un Estado Miembro de la propia Unión Europa llamado España. Como tal Estado Miembro, España tiene voz, voto y veto en ese macroorganismo comunitario al margen del cual muy pocas cosas se pueden plantear y/o ejecutar en el contexto europeo si no es el propio Estado Miembro, en este caso España, quien lo promueve y los otros países socios lo aprueban por mayoría.
Esto lo sabe perfectamente el exdiputado autonómico y exportavoz de Pesca del BNG en el Parlamento de Galicia, Bieito Lobeira, quien en días pasados reclamó para Galicia el derecho a tener voz, voto y veto en la UE.
De las tres "v", históricamente Galicia solo pudo ejercer la que corresponde a la de "voz" en materia pesquera -también en la de Política Territorial- previo consenso con las otras Comunidades Autónomas y en representación del Gobierno del Estado con el consentimiento de este ya que, en buena hora, se entendió que la voz más autorizada para hablar de pesca era la de Galicia. Si no me falla la memoria, Enrique López Veiga y Rosa Quintana fueron esas voces autorizadas para plantear a Europa las cuitas del sector pesquero español.
Posteriormente, de pesca hablaron otras comunidades autónomas, algunas de ellas tan alejadas del sector como es Castilla. Y así nos ha ido a todos: La voz de España en materia pesquera es más bien un guiño al Mediterráneo, sin más consecuencias que la sutil amenaza del establecimiento de TAC y cuotas, a semejanza -aunque en otra dimensión- que lo que acontece en el Cantábrico Noroeste.
Por esto, dándole vueltas a la propuesta de Lobeira y actualizando aquel acuerdo por el que las CCAA representaban en el Consejo de Ministros de Europa los intereses del Estado español, podría no ser malo que, existiendo consenso con las otras comunidades autónomas y recibiendo en este caso el parabién del Estado español, Galicia expusiera ante los otros Estados Miembros sus argumentos pesqueros como portavoz de las comunidades pesqueras españolas. Así, como delegación del Estado español, sí podría Galicia hacer uso de las tres "v": Voz, voto y veto.
No es descabellado el planteamiento del representante del BNG, si lo que se pretende es que Galicia sea la portavocía en materia de pesca del Gobierno español y no como un ente ajeno a este, como un Estado soberano en defensa exclusiva de sus intereses.
Voz del sector pesquero español, del que Galicia representa algo más del 50% en número de barcos, empleos y economía; voto, en representación de todas las comunidades autónomas españolas y, obviamente, el Reino de España, y veto, en el caso de que lo que se haya de aprobar vaya en contra de los intereses pesqueros de la nación.
Una pena que el BNG haya perdido las voces que, en la Cámara baja, tenía, porque probablemente ninguna otra formación política del arco parlamentario actual se comprometerá a un planteamiento tal
de las elecciones autonómicas: El PP gallego se posiciona.
