El teniente fiscal de la Audiencia Territorial solicitó el procesamiento de trece ediles tras una inspección en el Ayuntamiento a cargo de un delegado del Gobierno Civil. El expediente abierto puso de manifiesto que una parte del dinero remitido por el Estado para satisfacer las primeras cuatro anualidades de la obra en cuestión, 200.000 pesetas en total, no estaba en las arcas municipales. El dinero no había volado, pero se había empleado en otros pagos bien distintos.
