06 de noviembre de 2016
EDITORIAL

Asignaturas para un Gobierno sin ministros gallegos

06.11.2016 | 02:18

Tras diez meses de bloqueo institucional y parálisis administrativa, España por fin tiene Gobierno. No ha sido nada fácil: dos elecciones generales y la amenaza de unas terceras; tres sesiones de investidura con dos candidatos diferentes (Pedro Sánchez y Mariano Rajoy); dos comicios autonómicos (Galicia y País Vasco); una abstención histórica del PSOE, con su consiguiente fractura; la dimisión del secretario general socialista y su renuncia al acta de diputado... Así que en este infausto tiempo los ciudadanos han sido víctimas por partida doble: de la inacción de la cosa pública y de la sobrerrepresentación, mejor sería decir vodevil, de una clase política, enfangada en pugnas que con frecuencia se correspondían más con batallas intestinas y con rebañar apoyos al adversario que en una preocupación real por defender el interés general. Por fortuna, ese periodo negro es pasado y el reloj vuelve a correr.

El clamor por un nuevo gobierno era ampliamente compartido. Empresarios -de grandes compañías pero también de pymes y autónomos-, sindicatos, alcaldes, presidentes autonómicos, inversores, la UE y sobre todo ciudadanos anónimos han venido reclamando la configuración de un Ejecutivo que diese carpetazo a una etapa tan anómala como dañina. Porque el bloqueo ha sobrevenido en el peor momento, cuando la economía daba señales de reactivación, con un crecimiento sostenido y menos paro, aunque todavía en niveles insostenibles.

Por eso, no hay tiempo que perder. Rajoy y sus colaboradores afrontan formidables retos. Es verdad que tendrán que hacerlo en minoría parlamentaria y que, en consecuencia, buena parte de la gobernanza estará sujeta a pactos y acuerdos con la oposición, singularmente con PSOE y Ciudadanos. Pero eso tiene por qué ser malo. Al contrario. El diálogo es el mejor camino hacia sólidos consensos, hacia proyectos y actuaciones que aspiren a la perdurabilidad y que no dependan exclusivamente de la iniciativa de uno solo. Hablamos de actuaciones de beneficio colectivo que no entienden de siglas, colores o banderas partidarias.

En Galicia hay un puñado de asignaturas pendientes. La primera es el diseño de un modelo de financiación autonómica que consigne un fondo específico para las singularidades de la comunidad, en especial en lo relativo a la dispersión y envejecimiento poblacionales. La Xunta cifra en 500 millones adicionales el coste de los servicios sociales, educativos y sanitarios que le ocasionan los citados fenómenos. En este ámbito se incluye la financiación de concellos y diputaciones, que exigen fondos que satisfagan sus verdaderas competencias, al ser instituciones que asumen servicios propios de instancias superiores.

Asegurar la puesta en marcha de la Alta Velocidad en 2018 es prioritaria, más ahora que parece correr peligro tras las sucesivas demoras. En este capítulo de infraestructuras todavía están en el aire la reactivación del enlace entre Ourense y Vigo por Cerdedo, un proyecto clave para la conexión directa de la Meseta con el sur de Galicia, y la conversión de todo el Eje Atlántico al ancho europeo para que opere como auténtica alta velocidad.

Mayores fondos para dependencia, el saneamiento de las rías o resolver el enquistado problema lácteo para que las industrias garanticen precios justos y estables son cuestiones también a abordar.

Si ponemos el foco en los territorios, la relación se hace mucho más extensa pero no por ello menos importante. En el caso de Vigo, por ejemplo, el nuevo responsable de Fomento, Iñigo de la Serna, debe blindar la ampliación de Rande y forzar a la concesionaria Audasa a que ponga fin a los insoportables ruidos que padecen miles de vecinos que ocasiona un tráfico incesante. Las pantallas acústicas, una medida de bajo coste, son tan urgentes como imprescindibles. La gratuidad del tramo urbano entre el centro y Teis también está entre las demandas asumidas por el Ejecutivo autonómico.

Aunque el asunto es complejo, la Xunta parece dispuesta a exigir al Gobierno la titularidad de la AP-9 y de la AP-53, que atraviesa la comarca del Deza. Ambas administraciones tendrán que lidiar con una reclamación espinosa que, sin embargo, Alberto Núñez Feijóo enarboló como bandera en su reciente campaña electoral.

La construcción de la Biblioteca del Estado -en colaboración con el Concello- es también irrenunciable. Vigo es la única ciudad gallega que no la disfruta. Así como la finalización de la estación del AVE de Mayne y la terminal intermodal de autobuses. Esta actuación, durante años paralizada por la ausencia de un operador interesado, parece que echa a andar con la concurrencia de una multinacional francesa. Es una infraestructura estratégica y así debe ser enfocada. La Xunta tiene ahora en su mano darle el empujón definitivo tramitándola por la vía de la ley exprés. Es lógico que quiera garantías pero es Adif, o sea Fomento, quien le ha dado el visto bueno al plan y sería cuando menos sospechoso que lo que para Madrid está bien y se ajusta a la legislación para Santiago no. Unos y otros deben ponerse de acuerdo. Y con premura.

No sólo en Vigo, pero sobre todo en esta ciudad, la estiba es un problema que amenaza con estrangular el desarrollo portuario, un motor clave de la economía local. El 11 de diciembre se cumplirán dos años de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que condenó a España por mantener el monopolio de los estibadores en la carga y descarga en los muelles de titularidad estatal. En los últimos meses la Comisión Europea ha advertido al Gobierno con importantes multas por inejecución del fallo judicial que hasta ahora pudo frenar al estar en funciones. Se acabaron las excusas.

En Pontevedra, se debe impulsar la circunvalación. Hasta ahora Fomento sólo adjudicó un tramo de los tres previstos. También la construcción del nudo de Bomberos, que daría fluidez a la salida de la capital hacia la AP-9 y Vilagarcía. Y asimismo el enlace de Figueirido con la autopista y el paseo por la autovía de Marín. Dar uso a la antigua sede de Hacienda también está en la agenda.

Vilagarcía reclama una terminal intermodal, la creación de nuevos juzgados que alivien el atasco y, en el ámbito del patrimonio, relanzar las excavaciones de los castros. La ciudad de Ourense, por su parte, aguarda con infinita paciencia que se aclare su nueva estación ferroviaria. Diseñada inicialmente por el arquitecto Norman Foster, el proyecto permanece arrumbado en un cajón. El desarrollo termal y las obras en el Museo Arqueológico, el Archivo Histórico o la Biblioteca de San Francisco son otras cuentas pendientes.

Los asuntos en manos del Gobierno son múltiples y de dimensiones variadas. Aunque de forma sorprendente, el presidente Núñez Feijóo ha reaccionado con despreocupación a la ausencia -la primera vez que ocurre en veinte años- de ministros gallegos, a nadie se le escapa que situar a algún paisano en el Consejo de Ministros facilita mucho la resolución de las cuestiones, por más que también sea cierto que el presidente seguirá siendo Rajoy. Ojalá que los nuevos ministros muestren la suficiente sensibilidad y disposición para atender las demandas que desde aquí se le vayan planteando. Después de diez meses de parálisis, es hora de trabajar, de gestionar los asuntos y proyectos en hibernación y, en la medida de lo posible, de ganar tanto tiempo lastimosamente perdido.

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