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Economista

Sí, pero... ¿cuál es su verdadero objetivo?

La semana pasada nos encontramos con el sorprendente planteamiento realizado por la ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, de hacer compatible el cobro de la pensión de jubilación con el empleo una vez alcanzada la edad ordinaria de jubilación. Y digo sorprendente tanto por las formas, considerando el marco en el que dicha propuesta fue realizada, como por su contenido.

Sin conocer la letra pequeña de esta propuesta, es decir, los detalles concretos, que sin duda es donde recaerá el éxito o el fracaso de la misma, una primera reflexión me sugiere, entre otras, las siguientes preguntas: ¿qué es lo que se pretende realmente?, ¿cuáles son sus beneficios?, ¿se han analizado los resultados de reformas anteriores?, ¿sirve para atajar el grave problema de la sostenibilidad del sistema público de pensiones?, ¿han sido correctas las formas?

Las respuestas a estas y otras muchas preguntas hay que enmarcarlas lógicamente en un contexto socioeconómico caracterizado por un acusado proceso de envejecimiento de la población; una reducida capacidad para sustituir a las personas que se van jubilando (índice de recambio); una situación del mercado laboral donde la salida de la crisis económica y financiera está acompañada de menores salarios y unas bases medias de cotización estancadas; y, sobre todo, una crisis financiera de la Seguridad Social, con un déficit que se situará este año en torno a los 18.000 millones de euros motivado por un insuficiente volumen de ingresos.

El "sí" recogido en el título de este artículo se debe a que entiendo que esta propuesta es positiva, al menos, desde tres puntos de vista: en primer lugar, los trabajadores contarán con una opción más -y sin penalización-, que hasta ahora no disponen a pesar de las reformas realizadas. En segundo lugar, hay que señalar que no es incompatible la incorporación de jóvenes al mercado de trabajo con la permanencia de las personas mayores de 65 años en el mercado laboral. En tercer lugar, si lo que se pretende con esta propuesta es establecer un mecanismo por el cual la persona con ingresos medios o bajos y con una reducida capacidad de ahorro pueda compensar una hipotética bajada relativa de la cuantía de su pensión, el planteamiento realizado por la ministra en funciones cumple perfectamente su objetivo.

Por el contrario, si el objetivo final que se persigue es la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo, se podría afirmar, aun desconociendo los detalles de la propuesta, que su impacto sobre la recaudación va a ser muy limitado. Sumado a este reducido impacto, un segundo "pero" sobre el que es necesario reflexionar hace referencia a que todas aquellas propuestas que se planteen no deberían hacerse de manera aislada, sino dentro del mencionado objetivo común de asegurar la suficiencia financiera del sistema público de pensiones. En relación a este punto, el actual contexto sociopolítico exigirá a todos los agentes sociales altas dosis de generosidad.

Un último comentario acerca de la propuesta realizada por la ministra Fátima Báñez hace referencia a las formas en cómo y dónde se ha planteado la posibilidad de compatibilizar plenamente, y sin penalización como indicamos anteriormente, la pensión de jubilación con el empleo.

Teniendo en cuenta no solo que los problemas financieros de la Seguridad Social requieren medidas de gran calado, sino también los múltiples caras del problema, esta reforma debería haberse planteado en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo y tendría que incorporar un análisis del impacto económico y social que la aplicación de esta medida conlleva. En este sentido, cabe recordar que el Consello Económico e Social de Galicia (CES-Galicia) resalta en su última Memoria sobre la situación económica y social la necesidad de que "exista un compromiso dentro de la renovación del Pacto de Toledo, así como en el marco de la concertación social, para reforzar y garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones".

A modo de conclusión me gustaría señalar que para garantizar las pensiones y alcanzar un equilibrio en las cuentas de la Seguridad Social es necesario buscar, a corto plazo, nuevas vías de financiación. Afortunadamente, los distintos grupos parlamentarios han acordado en la Comisión del Pacto de Toledo buscar fórmulas para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social, centrando sus propuestas en el lado de los ingresos.

Sin embargo, la solución a medio y largo plazo requiere cambios en el actual mercado laboral, con el objetivo de ganar estabilidad y calidad en el empleo, así como mejorar la empleabilidad de todas las personas, especialmente de aquellos grupos con mayores dificultades o problemáticas específicas. Es en este último ámbito, el de la reforma del mercado de trabajo, donde probablemente encontremos mayores dificultades para el consenso.

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