El dinero público

19.10.2016 | 02:22
El dinero público

Desconozco si existe alguien que no examine con lupa el destino de sus dineros. Hasta quienes cuentan con una economía saneada lo hacen, quizá porque muchos han llegado a tal condición midiéndolos. Nos une, en todos lados, el control estricto de nuestros gastos, para lograr alcanzar, asegurar o incrementar el deseado nivel de sostenimiento. No hay moneda a la que no sigamos su paradero, por escasa que sea su cuantía, porque habitualmente acostumbra a existir valor detrás de ella: el del sudor que nos ha supuesto conseguirla.

Cuando adquirimos algo o decidimos aplicar nuestros ahorros a un fin determinado, no solamente lo hacemos tras contrastar la oferta en términos de calidad y precio, sino que estamos también muy atentos a la evolución del producto, a efectos de su garantía. Queremos comprar bien y barato, para no tener que volver a hacerlo.

No estoy seguro de que todo esto suceda cuando empleamos los cuartos para pagar impuestos y otras cargas públicas. Al tratarse de obligaciones legales, satisfacemos la deuda sin reparar la mayor parte de las veces ni en la calidad del resultado ni en su durabilidad. Por más que a través de los sufragios en cada elección podamos aplaudir o recriminar la forma en que se gestionan nuestros esfuerzos fiscales, la sensación es de que esa tela que tanto nos ha costado lograr se va a un saco sin fondo que, de tanto malbaratarse, ya no da ni para mantener cada año a la nación.

Mientras esto sucede, la publicidad institucional insiste en la utilidad y provecho social de los tributos. Nadie puede dudarlo. Pero de lo que se trata aquí es de llevar al terreno del convencimiento ciudadano esas candorosas proclamas, algo que solamente se puede obtener partir de un dato de partida que se suele solapar: ese dinero no es de las Administraciones, sino mío y suyo, fruto de lo que hemos ganado por nuestros propios medios. Aunque esté en manos públicas, ese dinero es de todos y cada uno de los miles de contribuyentes y de sus familias, de modo que esa milonga de que el dinero público no es de nadie, como sostenía aquella ocurrente ministra, es de órdago: cada euro que llega al erario tiene un dueño.

Así las cosas, un elemental proceder doméstico nos ha de conducir a preguntarnos, con más frecuencia de lo que lo hacemos, si con nuestros billetes se está haciendo lo que procede, o si, por el contrario, estamos colaborando a consolidar un moderno Leviatán que, servicios básicos al margen, ni nos proporciona excesivos retornos o beneficios, ni podemos ya tampoco costear.

Si trasladáramos esta forma de pensar a los tributos, es decir, si considerásemos en serio que esos fondos siguen siendo nuestros, sin duda defenderíamos la tan malhadada austeridad, como hacemos en nuestras economías caseras por puro sentido común, y en especial cuando vienen mal dadas. O ajustaríamos también el diseño de las estructuras que dependen de ese dinero, limitándolas a lo fundamental o imprescindible. Dudo que alguien desee seguir sufragando algo que no le genera más que gasto, por más que se recomiende en nombre de "la sociedad", algo que, como dejó dicho la hija de aquel tendero inglés, no existe, sino hombres y mujeres individuales y sus familias, que necesitan mirar por sí mismas en primer lugar y luego por el vecino, pero por ese orden.

Como hacemos en casa, hemos de impedir que los dineros que aplicamos al sostén de la cosa pública se malgasten, como tan a menudo advertimos que se hace con bobadas costosísimas. Y, sobre todo, replantearnos si tiene futuro un Estado que no se limite a las prestaciones elementales, y que sin embargo lo haga invadiendo cada vez más espacios que corresponden a la iniciativa privada, auténtico motor de cualquier país civilizado.

Menos impuestos, mejor optimizados y una Administración eficiente y centrada en lo esencial: seguridad y servicios básicos. Lo contrario, ni tiene razón de ser ni conduce más que a apuntalar un ruinoso estado de cosas cada vez más difícil de mantener y que tanto desafía a las economías familiares.

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