Los ciudadanos no siempre toman las mejores decisiones en relación a su salud. Para tratar de mitigar los efectos nocivos de ciertos comportamientos, el sector público se ve obligado a actuar, en aras de mejorar la calidad de vida de los administrados. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con el tabaco, que debido a sus efectos sobre la salud, se trata de desincentivar su consumo a través de los impuestos. Cuestión distinta es que se consiga todo el efecto deseado, ya que como explicamos en los primeros cursos de los grados en Economía o Administración y Dirección de Empresas, si la demanda de tabaco es excesivamente rígida o inelástica, el incremento del precio generado por la aplicación de un impuesto apenas supondrá una reducción de su consumo. En este caso, el efecto final será fundamentalmente recaudatorio y este no es el objetivo básico de la medida.
Pues bien, parece que ahora le ha tocado el turno al consumo de azúcar. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es necesario reducir a toda costa el consumo de azucares libres y compuestos, para tratar de minorar el creciente número de personas que suben obesidad y diabetes. Esta realidad es especialmente preocupante para los niños, que desde temprana edad están padeciendo sobrepeso, obesidad, diabetes y problemas bucodentales. El punto de mira de la recomendación de la OMS es sobre las bebidas azucaradas. La propuesta de la OMS es gravar con un impuesto de al menos el 20% el consumo de estas bebidas (es el denominado sugar tax).
Realmente la idea no es nueva. Francia, Hungría, México y Chile lo vienen aplicando desde hace años. A esta lista hay que incorporar, recientemente, al Reino Unido, Irlanda y Filipinas. Si se opta por esta medida habría que determinar si se aplica un tipo único o se opta por la graduación del impuesto en función del nivel de azúcar que contiene. No todos los productos son iguales. La implementación fiscal no es sencilla.
Además, para que esta actuación coercitiva se aplique correctamente es necesario que el impuesto lo soporte el consumidor, ya que de esta forma se dará cuenta de porqué se le grava y, de la necesidad de reducir su consumo cuando le "tocan el bolsillo". De nada servirá el impuesto si la industria productora lo asume, por ejemplo bajando el precio o aumentando la cantidad de producto y manteniendo el precio. Si esto es así, se estaría produciendo una traslación fiscal, ya que quién debiera soportar la incidencia legal (el consumidor) no lo está haciendo, ya que la incidencia real o efectiva recae sobre un tercero (el productor).
Si no se es capaz de evitar esta situación, es necesario mejorar el diseño del impuesto. Por ejemplo, en Dinamarca, por los problemas de aplicación se ha derogado el impuesto que se aplicaba sobre los refrescos.
En segundo lugar hay que ser muy consciente de que con las medidas fiscales no basta. Incluso gravando estos productos, si no se hace una campaña de concienciación a la ciudadanía de que el consumo excesivo de azucares es malo, poco vamos a conseguir. Una alternativa que se está llevando a cabo en algunos centros educativos es fomentar el consumo de frutas y verduras. Pero esto no es suficiente, ya que estos productos no son baratos y no todas las familias pueden acceder, en las cantidades adecuadas, a su consumo. Por lo tanto, es preciso subsidiar el consumo de frutas y verduras, sobre todo para las familias con rentas bajas y medias-bajas que no tienen la capacidad económica suficiente para realizar una ingesta responsable de estos productos.
En tercer lugar es necesario que la industria productora trate de reducir la cantidad de azúcar que emplea en sus bebidas. Esto último ya lo están haciendo algunos fabricantes, ya que les va su negocio en ello. Al igual que es conveniente exigir un comportamiento responsable a los consumidores, lo mismo es aplicable a los productores, que seguro quieren también que sus clientes estén satisfechos con lo que compran.
Finalmente hay que darse cuenta de que el exceso de consumo de azucares no solo es debido a los refrescos. Hoy en día se consume mucha bollería industrial, chocolate, etc., que pueden contener mucho azúcar. Por lo tanto, es necesaria una actuación integral hacia todos aquellos productos que presentan este problema. No se trata de acusar a nadie; lo que se pretende es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de ahí que sea necesario un trabajo conjunto, tanto por parte de los consumidores, productores y la administración pública para detectar qué productos tienen ese problema y tratar de corregirlo.
Cada vez un mayor número de países se están dando cuenta de la necesidad de introducir medidas para reducir el consumo de azucares en los productos. El sugar tax es una de ellas, pero no debería ser la única actuación.
