Salvo casos excepcionales de disfuncionalidad institucional -verbigracia, en Sanidad- denunciados en este y otros medios, los ajustes que impuso la crisis no desmantelaron el Estado del Bienestar y mucho menos en la red hospitalaria o en universidades. Ello no impide que algún economista, de los que sangran siempre por la misma herida, hable de austericidio.
Evidentemente, aún podríamos tener mejores servicios públicos pero el nivel es relativamente tan elevado que el reto solo sería asumible si cada usuario estuviese dispuesto a pagar proporcionalmente el coste real o imponiendo una racionalización a ultranza que incomoda a los sindicatos.
Parte de la desinformación proviene de la violación torticera de un principio elemental de lógica: solo debe compararse lo que es comparable. El año de referencia debe ser enero del 2007 (o, en su defecto, enero del 2008) en relación al 2016 (enero) ¿Por qué? Porque después del 2007 se tomaron desesperadas e inútiles medidas clientelares y contracíclicas en aras de atajar ingenuamente la crisis. Medidas que, a fin de cuentas, dilapidaron los recursos del Estado central y CCAA. Por ejemplo, se creó excesiva y artificiosamente empleo público cuando lo que ya se imponía era controlar el gasto en previsión del agravamiento de la situación. Sin ir más lejos, el bipartito PSdeG-BNG gobernó en Galicia de agosto 2005 a abril 2009 creando empleo público en plena recesión, en parte para colocar a los suyos, como en la TVG.
El excedente fiscal del Estado en el 2007 fue de 23.368 millones de euros (2,23% del PIB) Ese año marca la referencia ideal en la asignación de recursos del Estado dado que en el primer semestre del 2008 se observa una caída del 70% del excedente respecto al mismo periodo del año anterior. España entró en recesión en el tercer trimestre de 2008 y salió en el primer trimestre de 2010. En el segundo trimestre de 2011 volvimos a entrar en recesión. Obsérvese, España entró dos veces en recesión, gobernado los socialistas, y salió en el tercer trimestre de 2013, gobernando el PP. Por un efecto de histéresis la segunda recesión duró nueve trimestres.
No tiene ni pies ni cabeza comparar, si bien se mira, el empleo público autonómico del bienio 2009/2010 -al tomarse a tontas y a locas medidas que a partir del 2011 habría que corregir vía ajustes- con el empleo de la Administración autonómica de 2016 porque entretanto hubo que sofrenar los excesos para intentar volver a los niveles óptimos del 2007. Dicho de otra forma, los excedentes fiscales provenían del buen comportamiento del empleo, de las bases imponibles y del control del gasto.
La conclusión es imparable. Si no se puede hablar de recortes en el 2006 y 2007 con menos razón en el 2016, siempre que en este año las cifras de empleo público y gasto en las CCAA sean más elevadas. Y lo son.
Desmintiendo la manipulada desinformación de quienes afirman que la motosierra gubernamental ha desmantelado el Estado del Bienestar, el gasto total de las CCAA -179.679 millones de euros anuales en enero 2016- es más elevado que antes de la crisis, 160.544 millones, gracias a las facilidades que les da el Gobierno. El gasto autonómico se ha incrementado el 12% en los últimos nueve años, incluyendo sanidad y universidades, a pesar de que la población disminuyó en el 2015 ¿Recortes, qué recortes?
Antecedentes
En clave autonómica, la situación que encontró el PP al ganar las elecciones en noviembre 2011 se sintetiza en un dato. El Gobierno socialista había fijado el déficit de las comunidades autónomas en el 1,3% del PIB y el Partido Popular se encontró con más del doble y aumentando (2,9% del PIB). Empeorando las cosas, el nuevo Gobierno descubrió millonarias facturas impagadas a proveedores. Haciendo frente a la situación, los populares diligenciaron un plan de rescate a las autonomías que se ha prolongado durante toda la X Legislatura. Con ello se logró que las CCAA saldaran impagos abriéndoles asimismo una vía de financiación a aquellas cuya deuda tenía la calidad de bono basura (junk bond). En intereses, las comunidades autónomas han ahorrado 44.500 millones de euros desde el 2012. Ahora bien, los fondos prestados para pagar a proveedores o vencimientos tendrán que devolverse antes o después. En consecuencia, las CCAA que practiquen oportunista y demagógica política clientelar, gastando disparatadamente más de lo que recaudan, deberán subir impuestos en su momento e hipotecarán el futuro de los residentes más jóvenes.
La rendición de cuentas del Estado muestra que, durante los ocho primeros meses de este año, la Administración central gastó 31.091 millones de euros por encima de los ingresos. Si bien es cierto que la caída de la recaudación (-5,3%) por IRPF e Impuesto de Sociedades fue notable el descuadre se explica por la liquidación del sistema de financiación a las CCAA. Como efecto virtuoso, el déficit autonómico es del 0,07%, cercano al equilibrio presupuestario. Siete comunidades -Galicia, una de ellas-alcanzan superávit hasta agosto.
Claramente, la insuficiente recaudación en Sociedades merece artículo aparte pero el impacto sobre las cuentas de la Administración central se inscribe en el cierre del sistema de financiación autonómica por el que el Estado transfirió recursos a las CCAA. Gracias a la financiación estatal, el conjunto de las autonomías han reducido su déficit el 90%. Baja el endeudamiento de las comunidades, con la contraprestación de que sube el del Estado. Y tanto es así que el déficit público total, que aglutina a todas las administraciones excepto las Corporaciones Locales, es de 34.484 millones, equivalente al 3,09% del PIB, con margen sobre el 4,6% comprometido con Bruselas.
Gasto sanitario
Enlazando con lo anterior es muy aleccionador observar el comportamiento de algunas regiones en gasto sanitario. En el primer trimestre del 2016 las deudas de las CCAA -de las que dependen sanidad y universidades- se habían multiplicado casi por cuatro desde el inicio de la crisis, alcanzando 264.174 millones de euros. De esa cantidad, un elevado porcentaje está en manos del Tesoro por acumulación de fondos prestados a través de varios mecanismos de financiación (especialmente el Fondo de Liquidez Autonómico y otros instrumentos como el Pago a Proveedores, quedó dicho) En cinco años, las autonomías han recibido aproximadamente 215.000 millones de euros para hacer frente a vencimientos de deuda, a facturas impagadas y liquidaciones negativas (recibieron más anticipos de los que les correspondían). Con estos datos en mano sorprende, o no tanto, que algunos reclamen la condonación de dicha deuda. Así, el Estado central debería sufragar y soportar el 71% de la deuda de Extremadura; el 65% de la de Andalucía y Castilla-La Mancha; el 61% de la de Cataluña y Baleares.
Paralelamente, las comunidades autónomas cerraron el pasado ejercicio con un déficit del 1,66% del PIB, muy lejos del 0,7% previsto por Hacienda. También es cierto que el gasto sanitario -en algunas comunidades autónomas representa el cincuenta por ciento del presupuesto- aumentó el 1,82%. Galicia, Canarias y País Vasco sí cumplieron con el objetivo del déficit. En el polo opuesto, otras CCAA recurrieron demagógicamente a una política al servicio de una casta que solo piensa en el privativo beneficio de conseguir escaños. Por ejemplo, Aragón (gobernada por el PSOE apoyado por Podemos) no solamente tuvo un déficit cercano al 3% del PIB sino que aprobó para 2016 un incremento del 12,6% del gasto sanitario a pesar de que Hacienda ha intervenido esta comunidad por no pagar a proveedores.
Otro dato que desmiente a los desinformadores es que el gasto por habitante en sanidad subió en España, en nueve años, de 1.147 euros a 1.251. Galicia, que se beneficia de la perecuación redistributiva del Estado central, tiene un gasto sanitario por persona (1.248 euros) prácticamente igual a la media nacional con un aumento del presupuesto del 1% en el último año en consonancia con los datos del SERGAS rectificando la errónea evaluación del CES.
En el 2016, el gasto sanitario aumentará el 4% en España y dificultará más aun el cumplimiento del objetivo del déficit lo que obligará a ajustar en otras partidas. Galicia, gracias a la disciplina fiscal, está blindada contra nuevos ajustes.
Empleos autonómicos
Si se computa el número de empleados de la Administración autónoma gallega a partir del año 2011 hasta la fecha se constata una pérdida de algo más de cuatro mil empleos. Pero 2011, dije más arriba, no es la referencia adecuada toda vez que desde el desencadenamiento de la crisis (2008) hasta el 2011 se crearon empleos inoportunamente buscando generar un efecto contracíclico virtuoso (y en parte clientelar) que no fraguó. La prueba está en que en el peor año de la crisis -2010- el empleo autonómico siguió aumentando y alcanzó su zénit histórico (91.190 empleados de la Xunta) derrumbándose inevitablemente en el 2011 (casi 2.000 empleados menos) y años sucesivos hasta la recuperación en curso.
Si bien en enero 2016 el personal sanitario adscrito a Sanidade, 34.057 trabajadores, era inferior al máximo alcanzado en el 2009 (35.079) sigue siendo más elevado que el de enero 2007. De hecho, en el 2009 se produjo saturación de personal sanitario puesto que en el 2010, cuando más empleo público creó la Xunta, se ajustó. Con gran disgusto de los sindicatos rápidos a olvidar que si hay partido de fútbol el número de pacientes que acuden a urgencias disminuye el 50%.
A pesar de la congelación de la tasa de reposición en el trienio negro (2011-2012-2013) en enero 2016 había más empleados públicos (no todos funcionarios) en las CCAAs que en enero 2007 al tiempo que ayuntamientos y Gobierno central reducían efectivos en ese periodo.
Volviendo al caso gallego, las cifras, qué duda cabe, son suficientemente explícitas toda vez que el número de empleados de la Administración ha aumentado respecto al año de referencia básico. Sabemos que en enero del 2007 había en Galicia 82.331 empleados autonómicos y en enero 2016 subieron a 86.449.
Según el Registro Central del Personal, actualizado cada seis meses por el Ministerio de Hacienda, en enero 2007 y enero 2016 había en España, respectivamente, 1.260.575 y 1.294.766 empleados autonómicos. Precisando los números, las universidades públicas han pasado de tener 96.256 personas en nómina antes de la crisis a 147.770 en enero 2016 (aumento del 56%) ¿Recortes, qué recortes?
