Administración sin papeles "por ley"

02.10.2016 | 03:19
Administración sin papeles "por ley"

2 de octubre. Esta es la fecha de entrada en vigor de una reforma de las Administraciones Públicas, de todas, que afecta en profundidad a todos los ciudadanos. Se publicaban en octubre de 2015 dos normas, la Ley 39 y la Ley 40, que reforman el procedimiento administrativo y el régimen jurídico del sector público, con un claro objetivo: la transformación digital de la administración.

Se trata de una regulación que modifica ampliamente las condiciones de las relaciones de los ciudadanos, en particular, la definitiva implantación de la administración electrónica. Un auténtico y difícil reto. Porque los ciudadanos no usan (usamos) la administración electrónica. Así se desprende del informe "Las TIC en los hogares españoles", sobre la demanda y uso de Servicios de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, de junio de 2016 realizado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.

Según este estudio sólo un 32,8% de los ciudadanos afirma utilizar la e-administración. La cifra no es buena y debemos esforzarnos por mejorarla desde la propia administración. Porque el problema está en la administración y no en los ciudadanos. La teoría es que la administración electrónica permite ahorro de costes, supone una simplificación en los trámites administrativos y una reducción de plazo, entre sus supuestas bondades. Más ágil, eficaz y eficiente. Sin embargo, esta no es la percepción generalizada. Será porque no es así. Será porque la práctica no se corresponde con esa teoría.

Tras muchos intentos, y la constatación del fracaso generalizado en alcanzar el objetivo de la administración "sin papeles", las nuevas leyes asumen la realidad y se refuerza, por imperativo legal para todas las administraciones públicas (todas: Estado, Comunidad Autónoma, Ayuntamientos, Diputaciones) la apuesta por la administración electrónica, en vigor desde el 2 de octubre. Pero ha faltado y falta una estrategia definida que permita lograr con éxito esta transformación, por muchas razones, pero entre otras porque en esta ecuación falta un elemento imprescindible, el ciudadano, al que multitud de obstáculos dificultan su relación electrónica con la administración.

Ante la pregunta de si realmente la administración electrónica es más fácil, más eficaz o más eficiente, ejerciendo de gallega responderé que "depende". Depende porque aunque disponemos de las herramientas y conocimientos para que la e-administración efectivamente ahorre costes, tiempos y trámites, no las utilizamos adecuadamente y no lo comunicamos adecuadamente.

No las utilizamos porque no garantizamos que la esencia de los beneficios de la administración electrónica recaiga en los ciudadanos, en los vecinos, y no en la propia administración, que también. Se trata de diseñar, tramitar y ejecutar pensando en los que están del otro lado, no en la seguridad y mayor sencillez para los funcionarios que habrán de tramitar.

Y no lo comunicamos adecuadamente porque hemos visto y estamos viendo múltiples cursos, jornadas, foros y seminarios dedicados a la transformación digital, pero destinados a los profesionales de la administración. Poco se explica a los ciudadanos que, en su inmensa mayoría desconocen qué suponen estas normas y qué derechos podrán exigir a la administración, entre otros, el de relacionarse electrónicamente, pero también otros directamente relacionados con la simplificación en la tramitación de los procedimientos, pero también las nuevas obligaciones.

A este escenario se añaden otros obstáculos de orden material. En Galicia, el reciente estudio "A administración electrónica nos Concellos de Galicia. 2016", elaborado polo Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia destaca que e 80,4% dos concellos permiten facer algunha tramitación telemática de los procedimientos, pero esta visión hace referencia sólo a algunos procedimientos, de un modo muy asimétrico.

De hecho, más de la mitad de los ayuntamientos gallegos afirman tener amplias necesidades de medios tanto personales como materiales para abordar este reto, auténticas barreras para la implantación de la Administración electrónica.

En un escenario en el que ocho de cada diez hogares dispone de algún tipo de ordenador y prácticamente la mitad de una tablet, al tiempo que nueve de cada diez individuos dispone de teléfono móvil, de los cuales seis son smartphone, no es comprensible el escaso grado de penetración de la administración electrónica. Los ciudadanos no son conscientes de las oportunidades que ofrece, porque tienen un gran desconocimiento y porque no les resulta ni más fácil, ni más eficaz. Debería serlo pero no es así. Debería serlo porque las tecnologías al servicio de la administración facilitan y simplifican si así lo quieren las personas. Una vez más la problemática no está en las tecnologías sino en el uso y aplicación que las personas hacemos de ellas.

*Doctora en Derecho y Secretaria de Administración Local

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