Así que -como dijo el clásico- nada hay más terco que los hechos, pocos podrán discutir, con los datos sobre la mesa, que es preciso hacer algo con los Concellos. Y ahora que la campaña electoral ha terminado y la suerte está echada se pueden exigir salidas concretas: casi un cuarto -y creciendo- de municipios tienen déficit crónico o están al borde la quiebra. Y eso los que publican las cuentas, porque otros no osan siquiera presentarlas ante los auditores.
Claro que, tal como Murphy estableció, lo susceptible de empeorar empeora, y resulta que más Concellos aún, y las Diputaciones, se constituyeron el año pasado en los "puferos" por antonomasia, dejando sin pagar facturas por 35 millones a sus proveedores. Y eso a pesar de una ley -o sea, una norma a cumplir- que los obliga a abonar sus deudas en un plazo máximo de treinta días.
Esos datos, además, demuestran -otra vez- que en este país la ley no es igual para todos. Y también, que algunos de los que incumplen en el lado de los administradores esa regla clave de la democracia son precisamente no solo quienes deberían aplicarla, sino quienes exigen a sus administrados que la obedezcan. Y al pie de la letra, bajo la amenaza de embargos y sanciones que en no pocos casos afectan a derechos que los ciudadanos no han obtenido como una gracia del Estado sino como fruto de su trabajo.
Esa desfachatez roza un cinisno insoportable cuando algunos de esos puferos exhiben como "propia de su brillante gestión" la inclusión en Presupuestos de cantidades -antes de ser trasladadas a otras partidas, claro- "para fomento del empleo". Alguien debería recordarles -o enseñarles- que un buen método para luchar contra el paro es que la Administración Pública pague a tiempo sus facturas a las empresas que trabajan para ella.
A así no habría, o habría menos, falta de liquidez, exceso de endeudamiento y despidos o los habría en menor número. Eso es así, y tanto o más vergonzoso cuanto menos noticia se tiene acerca de que esas Administraciones incumplidoras han sido sancionadas y sus responsables renunciado no ya a sus privilegios sino al menos a estudiar la forma de reducirlos.
Si los conceptos "política" y "ética" fuesen siempre compatibles -la estética ya se comprobó que no-, a los gobernantes puferos habría que aplicarles la ley al menos como ellos lo hacen con sus gobernados. Pero, por lo visto, eso no es "regenerar el sistema" ni se pone como condición para llegar al poder. ¿Será porque no conviene? La respuesta es de quienes la saben, pero algo es seguro: pedir prestado no es solución.
¿Eh?
