Hace algunos años por estas fechas, un buen día acudí a Ramón Encinas Diéguez para escudriñar los recuerdos más frescos de su etapa como director general de la Caja de Ahorros de Pontevedra. Me atendió con cordialidad y no solo me habló de aquello que yo quería saber, sino que me obsequió con un inesperado repaso a su larga trayectoria de hombre público.
En un momento determinado, su semblante cambió al mentar de improviso el "caso Matesa" con manifiesta pesadumbre dijo:
"Nadie se acuerda hoy que el "asunto Matesa" se destapó en las Cortes por iniciativa mía. Sin duda fue una acción muy arriesgada. Pero cuando demandé la clarificación de aquel gran escándalo, nunca imaginé que estaba cavando mi propia tumba política".
Lo que siguió luego por parte de Encinas ante un interés cada vez más creciente por mi parte, fue un apasionante relato sobre el papel que jugaron y el precio que pagaron con su asombrosa petición los representantes pontevedreses en las Cortes franquistas.
Al día siguiente de crearse deprisa y corriendo una comisión investigadora por los ministerios de Hacienda y Comercio, tras la denuncia presentada contra Matesa en el Juzgado Central de Delitos Monetarios, tres procuradores en Cortes por la provincia de Pontevedra y otro por Ourense que ejercía su cargo en Pontevedra, pidieron el 2 de septiembre de 1969 la convocatoria de un pleno extraordinario al presidente de la Cámara, Antonio Iturmendi Bañales, para dilucidar el asunto hasta sus últimas consecuencias. La estupefacción al conocerse la solicitud resultó mayúscula. No gustó nada, pero nadie pudo frenarla.
Los firmantes de aquellos cuatro escritos similares no fueron otros que el propio Encinas Diéguez, gobernador civil y jefe provincial del Movimiento; Enrique Lorenzo Docampo, presidente de la Diputación; Antonio Puig Gaite, vicepresidente de la Diputación, y José Filgueira Valverde, ex alcalde de la capital. Ellos desempeñaron un papel esencial como punta de lanza del escándalo más sonado del franquismo.
La iniciativa partió de Encinas, y Puig, Lorenzo y Filgueira secundaron su propuesta. Los cuatro se llevaban bien y tenían una relación muy estrecha con el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, uno de los grandes protagonistas del destape del "caso Matesa" y, a la postre, también uno de los grandes perdedores.
Aquella petición, sin duda valiente en su contexto histórico, forzó el traslado de la vía gubernamental al ámbito parlamentario del "caso Matesa". Ese cambio resultó clave para evitar su atenuación.
"Los tres meses siguientes al estallido tan ruidoso del "affaire" resultaron enormemente convulsos", recordaba bien Encinas. El Caudillo apuraba sus vacaciones en el pazo de Meirás y Galicia era un hervidero en ebullición. Al fin, el 29 de octubre se precipitaron los acontecimientos y desembocaron en la crisis de gobierno más grave del franquismo, que orquestó el vicepresidente Carrero Blanco. Por una vez, Franco no hizo la crisis, sino que se la hicieron.
Los "tecnócratas" ligados al Opus Dei, con los ministros López Rodó y López Bravo a la cabeza, obtuvieron una clara victoria en su lucha por el poder frente a los "reformistas" y "azules", con los ministros Fraga Iribarne y Solís Ruíz como víctimas más visibles.
Probablemente el "caso Matesa" tuvo algo que ver con las "razones de salud" que argumentó pocas semanas después el presidente de las Cortes, Antonio Iturmendi, para solicitar su cese "a petición propia". El ínclito Alejandro Rodríguez de Valcárcel ocupó su lugar y se estrenó con la tramitación en marcha de aquel peliagudo asunto.
Sea como fuere, el "caso Matesa" desencadenó una especie de maldición política, que afectó de manera especial a cuantos se distinguieron por poner en solfa todos los excesos de aquel fiasco económico. Los procuradores pontevedreses no se libraron de tal castigo y Encinas resultó, sin duda, el más perjudicado.
Tras la toma de posesión del nuevo Gobierno controlado por Carrero Blanco, se produjo una remodelación de gobernadores civiles que tuvo una incidencia especial en Galicia porque cambiaron a tres de cuatro, incluido Encinas Diéguez.
"Aquello fue un castigo por denunciar el "caso Matesa". Así de rotundo se expresó Encinas en su insólito relato. "Inicialmente, me mandaban a casa. Pero como mí relevo tenía una difícil explicación, puesto que había desarrollado una labor muy apreciada en toda la provincia, e incluso me habían distinguido con dos cruces, terminaron por enviarme al Gobierno Civil de Castellón de la Plana, en una especie de exilio forzoso lejos de Pontevedra. Yo acepté por disciplina, muy presionado por la situación creada; pero advertí que solo estaría allí un año y luego me iría".
Transcurrido el año, Encinas se presentó en Madrid ante el ministro de la Gobernación, Tomás Garicano Goñi, y le pidió su relevo. Luego acudió al despacho de Torcuato Fernández Miranda, ministro secretario general del Movimiento, para explicar aquel adiós a quien consideraba su jefe natural.
"Perdí por completo la ilusión política con motivo de aquel desengaño. Parecíamos apestados; así nos trataron. Por eso me fui para siempre", confesó Encinas con tristeza, pero sin arrepentimiento.
Enrique Lorenzo Docampo hizo lo propio y de forma inusual presentó su renuncia irrevocable como presidente de la Diputación, prácticamente al mismo tiempo de conocerse las conclusiones del informe elaborado en las Cortes.
Por su parte, José F. Filgueira Valverde ya había abandonado la alcaldía de Pontevedra antes del estallido del "affaire". Por tanto, no podían quitarle nada, pero dejó su escaño de procurador en Cortes en noviembre de 1971, al mismo tiempo que Encinas, y también se alejó de la política.
Solo Antonio Puig Gaite siguió durante los años siguientes como consejero nacional del Movimiento y vicepresidente de la Diputación. Don Antonio fue siempre mucho don Antonio. Con acceso directo al Caudillo, Puig resultó intocable durante todo el franquismo. Por ese motivo no sufrió la maldición del "caso Matesa".
