A finales de aquel año 1969 llegó la hora de las Cortes en el "caso Matesa", tal y como habían requerido Encinas, Lorenzo, Puig y Filgueira. Pero la reclamación promovida por los cuatro procuradores pontevedreses tuvo una repercusión de alcance inesperado.
Su solicitud inicial derivó pronto en la formación de una comisión especial y nada habitual, que estudió el asunto en profundidad. Y el resultado de su trabajo se plasmó en un dictamen leído en la primera y única sesión secreta de toda la historia de la Cámara franquista.
Raimundo Fernández Cuesta, presidente, José García Hernández, vicepresidente, y Eduardo Villegas Girón, secretario, estuvieron al frente de dicha comisión. Y la elaboración del dictamen final recayó sobre una ponencia integrada por seis procuradores: Galera Paniagua, Martínez Cañavate y Moreno, Martínez Esteruelas, Viola Sauret, Serrats Urquiza y Robina Domínguez, todo ellos pesos pesados del llamado tardo franquismo.
El trabajo realizado se prolongó durante seis meses, se desarrolló en todo momento con "carácter reservado" y se siguió un minucioso procedimiento reglado. Sorpresivamente esa normativa interna abrió la mano y permitió el acceso de cualquier procurador interesado a la documentación manejada, así como la posterior presentación y defensa de alegaciones o sugerencias. Luego el debate del informe se concentró en ocho sesiones celebradas entre finales de mayo y principios de junio de 1970.
En total intervinieron 31 procuradores, pero los cuatro pontevedreses se mantuvieron al margen. No dijeron ni pio; otros hablaron por ellos. El horno no estaba para bollos y pasados aquellos meses ya habían sufrido no pocos desaires por su atrevido proceder.
Las Cortes celebraron el 30 de junio el primer pleno secreto de toda su historia, donde se procedió a la lectura del largo informe elaborado. Solo para oír su parte final, con la enumeración de nueve conclusiones escuetas, a modo de otros tantos mandamientos, se permitió el acceso a la prensa para su correspondiente divulgación.
Aquellas conclusiones no se anduvieron por las ramas y pusieron de manifiesto con pelos y señales el doloso cúmulo de negligencias cometidas por Matesa. Todo un despropósito. Y como broche final, la comisión especial requirió al presidente de las Cortes el envío de su extenso informe al Tribunal Supremo, al Gobierno y al mismísimo Franco, "a los efectos oportunos"?.
Nadie se acordó entonces ni, por supuesto, tampoco agradeció aquel servicio prestado por los cuatro procuradores pontevedreses. Estaban en juego demasiados intereses, unos evidentes y otros inconfesables. Por esa razón el "asunto Matesa" se descafeinó pronto a través de una amnistía.
