En un libro reciente publicado por el Instituto Nacional de Administración Pública desplegamos un análisis de la política regional española centrada en el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI); una figura con anclaje constitucional que está en hora bajas. La monografía ofrece fundamento para una revisión a fondo del mecanismo que, claramente, beneficiaría a Galicia.
La Xunta de Galicia ha acertado al unirse a otros territorios europeos que pretenden hacer pesar más las cuestiones demográficas a la hora de diseñar la política regional europea y repartir los fondos disponibles. En la próxima legislatura deberíamos intensificar nuestra participación en esta red de regiones, porque será cuando se decida el nuevo marco comunitario que arranca en 2021.
Pero, en paralelo, la Xunta debería abrir el debate de la necesaria reforma del FCI. Y ello, de forma independiente de la discusión sobre financiación autonómica. Porque deberíamos evitar la tentación de que lo que nos den a mayores por un lado, nos lo quiten por otro.
Una reforma que debe exigir más recursos, pero también reconocer que se puede gastar mejor, que es necesario demostrar la eficiencia en la selección y ejecución de proyectos, y que las iniciativas singulares deben integrarse en una estrategia de desarrollo global. Ser beneficiarios netos de la solidaridad interterritorial nos obliga a rendir cuentas y ser transparentes.
*Director del Foro Económico de Galicia
@SantiagoLagoP
