Preocupa seriamente que Angela Merkel dé marcha atrás en su política de acogida de refugiados que huyen de la guerra o la persecución en varios países del entorno mediterráneo. Al margen de la objetable dureza de sus directrices económicas en la Eurozona, la canciller alemana era la única dirigente que respondía sin reticencias al deber ético y político de dar respuesta creíble al mayor drama humanitario de nuestro tiempo. Esa actitud ha costado a su partido graves pérdidas electorales en Mecklenburgo-Antepomerania y en Berlín, donde gana posiciones la ultraderecha xenófoba, ya instalada en los parlamentos de la mayoría de los länder. Sea cual sea la respuesta de Merkel, su programa de acogida se hará más restrictivo.
Sumando la rápida subida de los partidos europeos que postulan el cierre de fronteras a la comprensible aprensión de los moderados ante el terror yihadista en sus ciudades, el retroceso parece inevitable. Los estados disconformes con las "cuotas" de acogida y los que las cumplen a cuentagotas explotarán como coartada los descalabros regionales de la CDU alemana. La conciencia progresista se repliega en trincheras conservadoras que rehúsan toda responsabilidad en la única solución posible al éxodo masivo de las zonas conflictivas. Las decisiones humanitarias mueren en el papel si no son vinculantes, y las cumbres de un día no pasan de gestos inútiles.
El rey Felipe defendió ante la ONU ideas y deberes que el Gobierno español no cumple en absoluto. Por desgracia, ésta es la tónica casi general. Pagar a Turquía y Libia por retener miles de refugiados en condiciones infrahumanas no hace más que retrasar las soluciones a una diáspora cuyo flujo desborda cualquier capacidad y acabará estallando en todas las direcciones. Temerariamente, las grandes potencias juegan a la política de bloques, se mienten y traicionan en coyunturas tan primarias como la reciente tregua de unos días en los bombardeos sobre Siria. La guerra fría renace en las zonas calientes, con riesgo evidente para la paz mundial. Pero incluso en ese escenario es obligado ofrecer una esperanza de vida a los que huyen de la muerte. Este deber está por encima de los reveses electorales si no queremos degradar los valores de la democracia.
