Si el mar no es de nadie o es de todos a la vez, si el marinero/pescador vive de la mar, si el marinero/pescador hace lo que puede por tener y conservar, si en los países y las -en el caso de España- comunidades autónomas se dotan de órganos de gobierno propios, si estos gobiernos autónomos propician departamentos dispuestos en teoría a aproximar al administrado todo aquello que es de su competencia, si hay profesionales de la pesca que hace una decena de años creyeron ver que las reservas marinas -en el caso de Galicia la de Os Miñarzos- eran un paso adelante para recuperar y conservar ¿qué es lo que hace que, ahora, esa misma reserva sea la gran enemiga del sector pesquero para la asociación Asoar-Armega y la cofradía de pescadores de Portosín? ¿Quién se equivoca aquí? Asoar-Armega son alrededor de 120 socios y las seis cofradías de pescadores que apoyan la reserva superan los mil socios, además de contar asimismo con la unanimidad de la Federación provincial de Cofradías de Pescadores de la Provincia de A Coruña.
El arriba firmante, como conoce perfectamente el asiduo lector, se ha mostrado siempre como un ilusionado defensor de tal reserva e incluso la ampliación de esta a otras zonas, siempre desde un planteamiento de cogestión en la que el marinero/pescador tuviese voz y voto directos.
Ahora, aquellos que, desde un principio se mostraron reticentes a tal área marina protegida, han cobrado nuevas fuerzas para justificar su rotundo no al control de los barcos que pueden pescar en la zona por temor a la vigilancia y echar sobre los hombros de la Consellería do Mar -a la que ha costado no menos de tres años convencer sobre la importancia de una reserva marina bendecida incluso por las más renuentes organizaciones no gubernamentales- las culpas de una propuesta que partió de ocho cofradías. A esta justificación se suman aquellos que consideran que las reservas marinas no son sino un invento de la Consellería para dar un paso avante a la acuicultura industrial, sin tener en cuenta que, específicamente, ha de ser el órgano de gobierno de la reserva quien estudie, en asamblea abierta, cualquier modificación que pudiera producirse en el estatus diseñado por los gestores del área protegida. El criticado decreto, al menos en lo que uno ha podido colegir de su texto, afianza esa cogestión de la reserva en el sentido de que proteger la misma -en caso de acuicultura de nuevo cuño, que tendría que ser aprobada por el citado órgano de gestión- sería en base a la utilización de flota y fauna autóctonas para una acuicultura multitrófica.
No seré yo, y perdón por el personalismo, el que defienda los planes de acuicultura y, menos todavía, el carácter industrial de esta más allá del marisqueo autogestionado que hasta ahora prevalece en Galicia y con él la explotación mediante bateas del mejillón de nuestras rías, sean o no proyectos de la Xunta o de las empresas multinacionales aquí asentadas o que puedan asentarse en el futuro. Creo que lo he expuesto en más de una ocasión; pero en este caso toca achique porque estoy convencido de que el proyecto de un área marina protegida autorregulada y ordenadamente atendida, no tiene por qué ser mala. Y, sin embargo, de las tales reservas marinas no pueden derivarse sino beneficios para todos los afectados.
El incremento de la vigilancia derivado de la creación de una reserva marina no necesariamente debe entenderse como algo negativo para el sector. Máxime si es el órgano de gestión del propio área -en el caso de Os Miñarzos unas 2.000 hectáreas de superficie- quien tiene la última palabra en torno a lo que se dilucide en el día a día. Incluso para aceptar o rechazar cualquier planteamiento acuícola que se presente por este o un futuro gobierno de la comunidad autónoma de Galicia.
La convocatoria de elecciones autonómicas no concede carta blanca al díxome díxome. Y si hay que achicar el agua de alguna vía abierta en el caso de la estructura, que se aclaren quienes la provocan.
