Así pues, quizá para confirmar lo de que las desgracias nunca vienen solas -y a fe que en este año no han sido pocas, y curiosamente casi ninguna relacionada por el momento con la economía-, he ahí el informe de Interior sobre las bandas criminales en España. Que son 450 las detectadas, que ya es una cifra notable, pero que aún es peor si se cita a Galicia, donde hay más de 50, que significan un porcentaje superior al diez. Y si se reflexiona y compara sobre el número de habitantes, el cálculo final mete miedo.
El introito no pretende en absoluto eso, provocar alarma social. Sólo -y nada menos- reflexionar sobre un asunto que muchos gallegos/as relacionaban "solo" con el narcotráfico y que ahora sobrepasa ese ámbito, que en todo caso es ya demasiado extenso, peligroso e inaceptable. Y de cuyo desarrollo cabe señalar responsables -empezando por los delincuentes, claro-, algo que sin duda no pocos harán en estas fechas.
El motivo parece evidente: en vísperas electorales, cuando los que gobiernan lo pintan casi todo de rosa y los que se le oponen, de negro, los datos del Ministerio del Interior proporcionarán carnada para la polémica. Sobre todo con un ambiente en el que, como ocurre aquí, lo que importa es el ruido y no las nueces o, dicho de otro modo, más la denuncia que las soluciones. Y no debería ser así, pero lo es.
La tentación para algunos está por lo tanto cantada: señalar con el dedo a los "culpables" de esa plaga de bandas criminales y que serían desde luego los gobiernos. Quizá extendiesen la responsabilidad a las fuerzas de orden público y, probablemente plantearían fórmulas para resolver el problema, aunque algunas podrían ser como remedio peores que la enfermedad. Ya se verá.
Lo más fácil será, y no hay que disponer de un profeta para adivinarlo, que lluevan críticas sobre las fuerzas de orden público -después de sus mandos políticos, obviamente- y quizá sobre una parte de la Judicatura. Y habrá algo de verdad en ello, pero a la hora de analizarlo, y sobre todo de resolverlo, es de ilusos pensar que solamente esos sectores -y algún otro que podría añadirse, como el periodístico en ciertos enfoques- podrán hacerlo. Y más con el número y peligrosidad de esas organizaciones.
Es evidente que además de las acciones de jueces y cuerpos y fuerzas policiales -cada uno en su papel-, la lucha contra la delincuencia ha de contar con la colaboración ciudadana, cuanto más amplia mejor. Porque la seguridad pública es asunto de todos y todos han de ayudar. Contra el narcotráfico esa ayuda funcionó en mucho, y no hay por qué dudar de que en el resto pasará igual.
¿No...?
