A estas horas, cuando la apertura -oficial- de la campaña del 25-S está a tiro de piedra, casi todos los partidos anuncian la habitual lluvia de papeles en los que plasman sus propuestas para gobernar. Es cierto que de un tiempo a esta parte introdujeron cambios y, en lugar de los rollos doctrinarios que muy pocos leían -y quizá por eso-, pasaron a una especie de catecismo programático a base de "cien", o menos, "medidas para transformar el país". Que ya es prometer, ya.
Ocurre, por desgracia, que esos papeles apenas se diferencian -salvo en su concrección: por eso se alude al catecismo- de los antiguos programas. Y es que, eliminada una parte de la retórica, se limitan a manifestar las intenciones habituales de crear empleo, dinamizar la economía y, por supuesto, mejorar la vida de los residentes en Galicia. O sea, nada del otro mundo, pero más accesible que lo otro para eso que los cursis llaman "gran público".
Lo malo es que con alguna excepción, el nuevo método mantiene el principal defecto de los antiguos: que relata lo que se pretende llevar a cabo prescindiendo de datos acerca de cómo se conseguirá. Y ese vacío, que comprende las referencias concretas a plazos, costes y reparto de cargas es el meollo de la propuesta que, junto a otros "detalles" -como por ejemplo si se adaptan a las normas de obligado cumpliniento con el Estado y la UE- marcan su viabilidad.
Pero hay algo más: esos vacíos constituyen la mejor forma para justificar, con el viejo argumento de las exigencias -o las herencias- conocidas solo después de llegar al poder, la aplicación de medidas que no estaban en el catálogo y que desde luego implican un incumplimiento muchas veces global, de lo que se había comprometido durante la campaña.
Por eso precisamente cabe exigir, sobre todo ahora que tanto se habla de la "nueva política" -aunque no se vea por ninguna parte- que el "contrato" que se firma entre elegidos y electores incluya, como cualquier otro redactado con buena intención, todo lo que los firmantes deben conocer, flecos incluídos, que suelen dejarse para última hora pero que corresponden a elementos claves para la vida ciudadana como la subida o bajada de impuestos.
La sociedad gallega se lo merece, se merece que a la hora de decidir su destino para los próximos años se le expliquen las ofertas de manera minuciosa y lo que de verdad significa su cumplimiento. Y los agentes del oficio político han de saber que cumplir con esa obligación ética y moral es un buen modo de mejorar una imagen que como la suya está profundamente degradada y no parece fácil de cambiar.
¿Verdad?
