Reino Unido ha decidido abandonar la UE después de 43 años, lo que no es una buena noticia para el proyecto europeo ni para los británicos. La salida, decidida en referéndum el día 23 de junio, abre un período de incertidumbre y representa un nuevo desafío para Europa. Como primeras consecuencias, la bajada de la Libra, la dimisión de Cameron y el independentismo en Irlanda del Norte y Escocia vuelven a asomar cabeza (los nacionalistas escoceses reclaman un nuevo referéndum y el Sinn Féin pide una consulta sobre la unidad de Irlanda). Todo ello acompañado de fuertes caídas de las bolsas que anuncian una etapa de convulsiones económicas, financieras y políticas. Las inversiones serán mucho más lentas y el crecimiento se verá afectado, igual que la circulación libre de personas y la colaboración entre culturas.

Pasado un mes del referéndum, el Banco de Inglaterra declara que el impacto sobre la economía real se empieza a notar, afectando a las expectativas de empresas y familias. Algunos negocios posponen contrataciones y aplazan inversiones, y el mercado inmobiliario se debilita. La actividad económica se verá afectada en el corto plazo, obligando a una bajada de tipos y a la compra de bonos corporativos, con la consiguiente depreciación de la moneda. La emigración de trabajadores y empresas parece inevitable, lo que hará que muchos bancos trasladen parte de sus operaciones al resto de Europa, frenando el desarrollo del país y aumentando el paro.

Pero el Brexit no solo tendrá consecuencias para la economía británica; también para todo el mundo, especialmente para Europa y la relación con EEUU y el lazo transatlántico. Según el FMI enfriará el crecimiento mundial, y pide que el acuerdo de separación se desarrolle lo antes posible. Los líderes europeos, en una primera reflexión, tras lamentar la decisión británica, exigen a Reino Unido que inicie los trámites de separación de inmediato, despejando incertidumbres. Un proceso que, a partir del momento de la notificación al Consejo Europeo, durará al menos 2 años, en aplicación del artículo 50 de los tratados de la UE, que regula el abandono de un país miembro, y que requiere un acuerdo de retirada, a partir del cual el Estado saliente dejará de participar en las instituciones y órganos de la Unión. Mientras tanto se siguen aplicando los tratados derechos comunitarios.

La situación que queda es compleja, por lo que hay analistas que consideran que el Brexit no se llevará a cabo, a pesar de que Theresa May, la primera ministra, ha dicho que brexit significa brexit, que el país votó salir de la UE y "no admitirá intentos de quedar en la Unión por la puerta de atrás". De todas formas el tiempo lo dirá, ya que son muchas las razones para permanecer, especialmente de índole política y económica.

Es evidente ya el cambio que se está produciendo en la opinión pública británica a favor de la permanencia. La mayoría de los jóvenes, partidarios de una Europa unida, se sienten decepcionados y no comprenden que sus mayores, empujados contra la tecnocracia europea y contra la inmigración, se inclinaran mayoritariamente por la salida. También los escoceses, irlandeses del norte y londinenses, que se inclinaron a favor de la permanencia, representan un fuerte obstáculo a la retirada. Son, por tanto, un caudal de votos importante capaz de modular las posiciones de los partidos en futuras elecciones. El parlamento hoy tiene mayoría legislativa contraria al Brexit, y probablemente también a partir de nuevos comicios, lo que augura un proceso amplio de dilaciones para ejecutarlo. De momento, la invocación de la cláusula del artículo 50, que iniciaría el proceso, está en compás de espera, ante la evidencia de problemas económicos insuperables. Una cosa es la retórica, y otra muy distinta el pragmatismo que impone la realidad.

* Miembro del Ateneo Estradense y del Círculo de Podemos.