La crisis económica que hemos venido sufriendo desde 2008 ha transformado en verdadera inquietud la normal preocupación que los padres tienen acerca del futuro de sus hijos. Hay una percepción, bastante extendida en nuestra sociedad, de que quienes se han incorporado al mercado laboral durante los años de la crisis económica, probablemente vayan a disfrutar de un nivel de bienestar menor que el que han tenido sus padres. La profunda recesión que hemos atravesado y la lenta recuperación del mercado de trabajo han provocado que los jóvenes tengan menos oportunidades laborales y que si llegan a encontrar un trabajo, su salario sea significativamente menor, aumentando la brecha financiera entre jóvenes y adultos. El ajuste a la baja de los salarios y el + aumento de la contratación a tiempo parcial contribuyen a explicar el elevado sentimiento de precariedad de muchos jóvenes.
La pertenencia de España a la zona euro ha impedido el uso de la devaluación monetaria como mecanismo de ajuste para salir de la crisis. Nos hemos visto forzados a seguir una política de consolidación fiscal y de devaluación interna como forma más rápida, y dolorosa, de recuperar competitividad y corregir nuestros desequilibrios macroeconómicos. La combinación del ajuste a la baja de los salarios derivado de la devaluación interna y de la caída del empleo derivada de la crisis, ha tenido un efecto particularmente devastador en la situación económica de los jóvenes.
El ajuste de plantillas en las empresas y en la administración comenzó por los contratos temporales, una modalidad de contratación que tiene mayor incidencia entre los jóvenes, ya que más del 70% de los menores de 25 años están contratados de forma temporal, mientras que en el total de la economía la contratación temporal supone un 25% del total. La destrucción de empleo y la incapacidad de nuestra economía para generar nuevos puestos de trabajo han hecho que la tasa de paro de los jóvenes se aproxime al 50%, mientras que para la economía en su conjunto se sitúa en el 20%.
El panorama tampoco es demasiado favorable para los jóvenes que consiguen incorporarse al mercado laboral, ya que las condiciones laborales de los nuevos contratos han empeorado significativamente, tanto por el aumento de la contratación a tiempo parcial como por la reducción salarial. Incluso Mario Draghi ha mostrado su preocupación acerca de que en muchos países el poder adquisitivo de los salarios de los nuevos entrantes en el mercado de trabajo está en niveles similares a los que se registraban décadas atrás. Como los salarios de los trabajadores con cierta antigüedad y con contratos indefinidos son menos flexibles a la baja, el grueso del ajuste salarial durante la crisis se ha concentrado en las nuevas contrataciones, tanto temporales como indefinidas, afectando especialmente a los jóvenes.
Como vemos, la crisis y las políticas de ajuste han tenido una especial incidencia en la situación laboral de los jóvenes, ensanchando la brecha financiera entre trabajadores jóvenes y adultos. Algunas de las consecuencias económicas y sociales que está brecha genera ya son visibles, como por ejemplo la reducción de los incentivos que tienen los jóvenes para buscar empleo o para educarse, lo que explicaría el elevado porcentaje que ni estudia ni trabaja, o la emigración de jóvenes con educación superior en busca de mejores oportunidades laborales. Sin embargo hay otras consecuencias que están todavía por manifestarse.
Algunas de estas consecuencias son de tipo demográfico, como puede ser un retraso en la edad de emancipación y una reducción, al menos transitoria, de la tasa de natalidad, agravando más si cabe nuestro problema de envejecimiento poblacional. La disminución de la renta disponible de los jóvenes también tendrá consecuencias económicas a medio plazo, con una reducción de la demanda de bienes de consumo en general, pero con particular incidencia en sectores como el inmobiliario o el sector financiero. El sostenimiento de sistema de pensiones, ya en cuestión actualmente, se verá agravado en la medida en la que las contribuciones de menos trabajadores y con menores sueldos habrán de financiar el gasto en pensiones de generaciones con mayor esperanza de vida.
La gravedad del problema dependerá de si esta situación es una consecuencia reversible de la crisis o de si forma parte de una transformación socioeconómica más profunda. Si es transitoria sus efectos podrán revertirse, aunque al coste de tener una generación pérdida, pero en cualquier caso haríamos bien en empezar a diseñar políticas que nos permitan cerrar esa brecha y mejorar las perspectivas de futuro de nuestros jóvenes, políticas que reaviven el crecimiento y aumenten la productividad para favorecer la creación de empleo.
