Para que haya desgobierno, es condición previa y necesaria que exista un gobierno. Basta, por ejemplo, un presidente guerrero empeñado en hacerse fotos con Bush y Blair en las Azores o bien otro que gaste atolondradamente el dinero que España no tiene en planes E para levantar las aceras. Mejor nos hubiera ido a todos si Aznar y Zapatero fuesen gobernantes en funciones cuando les vinieron al caletre esas ocurrencias y, efectivamente, las perpetraron. Porque podían, claro.
Contrastan esas y otras acciones de desgobierno con la excelente marcha económica del país desde que el actual presidente, Mariano Rajoy, ejerce el mando de manera interina y casi simbólica. Llevamos ocho meses sin recortes de sueldos ni derechos laborales y, a pesar de ello, el PIB crece en cifras lo bastante robustas como para poner a España a la cabeza de Europa. Por supuesto, bajan las cifras de paro, se disparan las exportaciones y hasta hemos tenido uno de los veranos más cálidos de los que se tiene noticia.
A pesar de esas evidencias, los quejicosos de siempre lamentan que la carencia de un gobierno en firme esté paralizando la actividad del país; pero incluso eso tiene sus ventajas. La licitación de obras públicas, un suponer, ha caído este año un veinte por ciento, según constata en un informe oficial el ministerio del ramo. La noticia es mala y buena a la vez.
Mala, porque se han bacheado menos carreteras, bajó el gasto en trenes de alta velocidad y también disminuyó la inversión en puertos. Buena, porque así se reducirá el cuantioso déficit del Estado y acaso mermen las tentaciones de practicar el tráfico de influencias y la financiación colateral de los partidos. Si es que la hubiere, claro está; que igual todo lo que se publica por ahí son meros rumores.
Si el desgobierno equivale, como sostiene la Real Academia, a "desorden" y "desconcierto", cae de cajón que lo que más le conviene a cualquier país es un gobierno interino y sin poderes. Ni siquiera los apóstoles de la catástrofe, tan abundantes por aquí, podrán decir seriamente que España esté sumida en el desbarajuste o que alguien haya echado en falta un gobierno vigoroso como Dios y la Constitución mandan.
Estar sin gobierno -o con uno que manda lo mínimo- no implica desgobierno alguno, según han podido constatar los españoles desde que entramos en período de interinidad gubernamental el pasado 20 de diciembre. Es fácil de entender. Aunque los gerifaltes al mando tengan ocurrencias dañinas para el bolsillo de los administrados, no pueden llevarlas al BOE por la obvia -y tranquilizadora- razón de que su condición de gobernantes provisionales se lo impide.
Con sus facultades limitadas al despacho de los asuntos imprescindibles para que el país funcione, el presidente no puede siquiera nombrar o destituir ministros, lo que ha convertido al Gobierno de Rajoy en uno de los más reducidos de la Historia.
Se está estupendamente con el gobierno en funciones. Al propio Rajoy no se le ve muy interesado (ni poco) en cambiar su confortable estatus actual por otro en el que deba tomar decisiones que él mismo reconoce impopulares y, en consecuencia, fastidiosas.
Mucho es de temer, en cambio, que el verdadero desgobierno comience cuando el Congreso le dé su pláceme a un gobierno con todas las de la ley. Alguien debería decirle a Albert Rivera que, en realidad, el asunto no corre prisa.
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