El beneficio contable de las empresas españolas fue en 2015 de 209.361 millones de euros, según estimación de la Agencia Tributaria. Es una cantidad análoga a la de 2006, así que puede decirse que las ganancias han recuperado niveles anteriores al inicio de la crisis. Sin embargo, la factura que Hacienda pasó por el impuesto de sociedades, que se calcula a partir de ese beneficio contable, fue de 19.930 millones, cuando en 2006 ascendió a 40.171 millones. ¿Por dónde se han ido los más de 20.000 millones de diferencia? Por los agujeros que tiene un gravamen que los expertos consideran paradigma de uno de los grandes defectos del sistema tributario español: la existencia de una maraña de bonificaciones, deducciones y compensaciones que horadan las bases imponibles y abonan el terreno para la ingeniería fiscal agresiva y la elusión. El resultado es análogo a lo que también pasa con el IRPF: teniendo tipos impositivos superiores a la media europea, la recaudación por sociedades (2% del PIB en 2014) es la novena más baja entre los 28 estados miembros de la UE.
Aunque los tipos nominales se suavizaron el pasado año (bajaron del 30% al 28% para grandes empresas), la diferencia clave está en la base imponible (sobre la que se aplica el tipo impositivo): 173.000 millones en 2006 y 84.000 millones en 2015. Tanta distancia tiene que ver en primer lugar con la llamada compensación de pérdidas. Como en otros países, el impuesto permite a las empresas deducir los resultados negativos (las bases imponibles negativas, más propiamente) de ejercicios anteriores, y de esos "números rojos" ha habido muchos durante la crisis.
El actual Gobierno hizo cambios en el laberinto legal del impuesto de sociedades para contener algunas vías de agua, actuando sobre las ventajas por amortización de inversiones y costes financieros y sobre las llamadas exenciones por doble tributación.
Pero como ha recogido recientemente un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el agujero principal sigue estando en esas últimas exenciones, las que liberan a los grandes grupos de tributar por los dividendos y plusvalías que obtienen de sus negocios en el extranjero y las que permiten también consolidar ventajosamente -a menudo con soluciones de sofisticada ingeniería tributaria- las ganancias y pérdidas de las filiales dentro de España. Cada año, la exención para evitar la doble imposición internacional (para que las empresas no tributen dos veces: donde se produce el beneficio y luego en España) supone 20.000 millones, una cantidad que ha crecido durante la crisis porque también lo han hecho los beneficios de los grandes grupos en el extranjero.
Como hicieron notar los expertos que en 2014 elaboraron un informe para el Gobierno sobre las deficiencias del sistema tributario, España es bastante más generosa que otros países de su entorno con la exención por doble tributación. Es la que explica en buena medida que el tipo efectivo que pagan los grandes grupos no llegue al 7%. La mitad del 14% que aporta con el IRPF el contribuyente medio español.
