EDITORIAL

Que los incendios de nuestros montes no queden impunes

14.08.2016 | 03:13

La virulenta reaparición de la plaga de incendios en los montes de Galicia prueba que la relativa tranquilidad de los últimos años resultó engañosa y que aún nos encontramos muy lejos de acabar con esta lacra infernal que tanta pérdida y dolor causa. Ningún gobierno ha sido capaz hasta ahora de resolver el problema. Ni los que son ni los que han sido, independientemente de su signo político. Y no solo en Galicia, aunque ello no debe servir en modo alguno de excusa ni consuelo. Canarias o el vecino Portugal están pasando estos días por similar calvario. Se han registrado avances, es cierto, sobre todo desde la catástrofe incendiaria que devastó casi 100.000 hectáreas aquel infausto verano de 2006, pero lo que está ocurriendo esta segunda semana de agosto evidencia lo mucho que queda por hacer.

La elevada pluviosidad durante la primavera y las altas temperaturas de finales de junio y todo julio, con medias por encima de los 30 grados, no eran un buen presagio. Pero hasta el momento Galicia había salido mejor librada que otras comunidades. El incendio registrado en Canarias, por ejemplo, se había cobrado la vida de un agente forestal, había calcinado 4.000 hectáreas de bosque y obligado a evacuar a 2.500 vecinos.

El escenario cambió el pasado lunes coincidiendo con la llegada de fuertes vientos. En solo tres días ardieron en la provincia de Pontevedra tantas hectáreas como en todo 2015. Súbitamente, las llamas prendían por todas las esquinas: primero Caldas y Vilagarcía, después Cotobade, Pontevedra, Soutomaior, Redondela, Mondariz, Ponteareas. Arbo, Crecente... En cuestión de horas aparecieron nuevos focos en Santiago, Rois, Porto do Son, Fisterra, Cee, Muxía, Cerceda, Avión y muchos concellos más. Una desoladora semana negra que se cierra con un balance provisional de más de 6.300 hectáreas calcinadas.

Galicia era víctima una vez más de un fuego embravecido por vientos del "nordés" de casi 100 kilómetros hora, temperaturas tropicales extremas y menos de 30 por ciento de humedad. La temible ecuación de tres elementos que eleva al máximo el riesgo incendiario, sobre todo cuando aparece un cuarto: la desalmada acción del hombre.

Los indicios apuntan a que la mayoría han sido provocados de manera intencionada. Su brote en algunos de ellos en hasta cinco focos próximos y de forma casi simultánea avalan esa tesis. Es más, en algunos casos el fuego se originaba en áreas que habían sido parcialmente desprotegidas de efectivos contra el fuego por la necesidad de desplazarlos a combatirlo en otras. Y al comienzo de la noche, cuando los medios aéreos, los más eficaces para acotar las llamas, no pueden operar.

Así ocurrió, por ejemplo, con el fuego de Arbo o el de Mondariz, que prendió de noche cuando los agentes terrestres asignados a esa zona se habían trasladado a combatir el de Cotobade y hubo que recurrir a medios venidos desde Ourense. El hallazgo por los vecinos de Redondela de un palé de ramas secas y papeles, con una lata de combustible oculta, en los montes de Vilar de Infesta afianza todavía más esas sospechas.

Lo mismo que el denominador común de propiciar que resulten muy visibles, es decir, próximos a núcleos habitados. Cientos de casas, centros como Aldeas Infantiles en Redondela y hasta un polígono industrial tuvieron que ser evacuados por el riesgo extremo. Las imágenes de las Rías Baixas oscurecidas por el humo ante la mirada atónita de miles de bañistas o las dramáticas escenas de familias enteras plantando cara con ramas, cubos y mangueras al fuego que sitiaba sus casas lo reflejan con crudeza.

No le falta razón al gobierno de Feijóo cuando califica lo que está ocurriendo de "actividad anormal". Sin duda lo es vista la concentración de tantos incendios y tan graves al mismo tiempo. Provoca tristeza e impotencia comprobar que la actividad incendiaria vuelva a repetirse sin remedio cada verano, independientemente del color de la administración responsable de evitarla y combatirla.

Decíamos que queda mucho por hacer. Las condenas a los incendiarios, por ejemplo, deben ser ejemplares para que tengan de verdad un efecto disuasor de primer orden. Algo está cambiando en esa dirección, aunque lo hace con exasperante lentitud. Solo desde enero la policía autonómica ha detenido a 40 presuntos incendiarios. Todos están ya en sus casas. De los centenares de arrestados en Galicia en los últimos años por su vinculación con los fuegos dos de cada tres quedaron en libertad por falta de pruebas. El legislador, las fuerzas de seguridad y la justicia tienen, así pues, mucho camino que recorrer.

Porque el objetivo prioritario debe ser evitar el fuego, no castigar al responsable que lo provoque, claro está. Pero al daño y dolor causado por los incendios no puede añadírsele la indignación de la impunidad de sus responsables. El que la hace debe pagarla.

Nunca se ha podido demostrar la existencia de mafias del fuego. La propia Fiscalía descartó en su día la existencia de una mano negra de tramas organizadas como autoras. Pero las pruebas evidencian que la gran mayoría se originan de forma intencionada o por negligencia, frente a los que se producen de forma natural o fortuita, que son los menos. Los expertos tienen claro que entre los primeros los hay que actúan solo para hacer el mayor daño posible y los hay también que buscan conseguir un beneficio, y no necesariamente solo económico.

Ya hemos dejado dicho en este mismo espacio editorial que si, como apuntó en su día la Fiscalía, las tres causas incendiarias principales son las imprudencias (ya sea por quemas descontroladas e ilegales o por efectos de barbacoas o colillas), los intereses económicos (agrícolas, urbanísticos o ganaderos) y la actividad de individuos trastornados, es en ese ámbito donde las administraciones deben centrarse y aplicarse especialmente.

Todos los medios posibles de actuación, tanto de extinción como preventivos, son pocos cuando de salvar el patrimonio ecológico de Galicia se trata, pero lamentablemente su coste es enorme y los recursos limitados. Hay una consideración más, y no menor que digamos: el drama de la quema de nuestros montes tampoco puede desligarse de la situación de abandono general que desde hace décadas sufre el medio rural, asolado por la despoblación y el éxodo a las ciudades mientras la maleza se adueña de las fincas y los bosques.

Así pues, más allá de atajar y localizar las causas de los incendios o de perseguir y castigar a quienes los provocan, que también, lo verdaderamente importante para acabar con este mal endémico de Galicia es encontrar las razones para que el monte deje de quemarse. Y quizá solo hay dos realmente poderosas: la primera, el convencimiento general de que es un patrimonio natural de enorme importancia; la segunda, hacer de él, del monte, una fuente significativa y sostenible de ingresos para sus legítimos propietarios, o sea, un generador de riqueza tal que disuada de su destrucción. Porque, por bien intencionadas que sean, de poco valen medidas como legislar para sancionar a las familias que no limpian sus fincas, por ejemplo, si en ocho años solo se han impuesto una quincena de multas. Además, es necesario ir más allá de sancionar al ya desangrado contribuyente por propiedades que ni le aportan valor ni le generan rentabilidad alguna.

La experiencia demuestra que es imprescindible actuar en todos estos frentes para obtener los resultados deseados. Quienes están al mando de las Administraciones públicas deben afinar para reaccionar en común y cerrar cualquier resquicio a la improvisación y la ineficiencia en los distintos frentes contra el fuego. Los ciudadanos, por su parte, con un comportamiento responsable y una colaboración sin límites con las autoridades, deben ayudar a identificar o denunciar a los sospechosos de prender fuego para que su acción no quede impune. Es una tarea común e inaplazable, porque cuando los montes se queman es Galicia entera la que se quema.

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