Pues la verdad es que, dicho con las debidas precauciones y sin olvidar que aún falta mucho para superar el riesgo, hay que reconocer que a pesar de los tremendos incendios contabilizados ya este verano, Galicia ha tenido -de momento- algo de suerte. Primero porque dadas las altísimas temperaturas y los fuertes vientos, la cosa pudo ser mucho peor y, segundo, por la eficiencia de los equipos de emergencias y la encomiable ayuda que prestaron, otra vez, cientos de vecinos.
Dicho lo anterior, que es de justicia, debe añadirse que permanecen en el problema dos vectores que impiden prevenir con más eficacia y reprimir con mayor dureza. Partiendo, por supuesto, de que el riesgo cero no existe y de que se ha hecho mucho en los terrenos de extinción y de investigación, es evidente que se necesita una acción de limpieza generalizada en la superficie forestal y, además, que los tribunales se apliquen con mayor energía en el castigo a los incendiarios.
(En este punto es imprescindible, de nuevo, repetir que el fortalecimiento de las tareas policiales preventivas es clave. Parece interesante que alguien se parase a estudiar la evidente relación entre la proximidad de campañas electorales y la aparición de oleadas de incendios obviamente provocados. Bastaría con comparar fechas y número de fuegos y su geografía para desmontar cualquier argumento que discuta esa relación. Lo que se precisa es hallar respuesta a la pregunta del ¿quid prodest? ¿A quién beneficia?.
Obviando -pero sin olvidar su importancia clave- el necesario Pacto por el Monte, que todos reclaman pero nadie se decide a impulsar, no se puede negar que los dos elementos -limpieza del monte y energía judicial- ahorrarían mucho dinero y trabajo a quienes han de ocuparse del problema. Y aunque las dos tareas -sobre todo la de limpieza- son enormes, no admiten más demoras
Hay quien dice que es una cuestión de prioridad, y probablemente sea cierto. Y también de cultura: en España hay zonas en las que, salvo desgracia, el índice de fuegos forestales baja por la participación de los propietarios, comuneros o individuales. en el cuidado de los montes. En Galicia, muchos de aquellos parecen actuar sólo cuando obtienen tajada y los privados, cuando los amenazan con sanciones.
No son pocos los que en situaciones como las de estos días exigen nuevas y más duras penas contra los incendiarios. Pero no parece ese el mejor camino: en realidad bastaría para disuadirlos con la aplicación debida de las leyes actuales y con otra regulación de la propiedad, actualmente obsoleta. Y un Pacto por el Monte en el que participen todos, claro.
¿O no...?
