Todos los ciudadanos de Vigo conocemos la existencia de una institución llamada Zona Franca de Vigo (ZFV); que ha sido y tiene que seguir siendo un elemento central en la financiación y el apoyo a la actividad económica y a la creación de empleo y riqueza en nuestra ciudad. No podemos permitir que con el dinero de Vigo del que dispone Zona Franca se financien inversiones que tiene que hacer la Xunta de Galicia en base a sus competencias y que, además, pueden terminar invirtiéndose en otros lugares de Galicia.
Nuestra ZFV se creó en 1947, la tercera de España junto a Cádiz y Barcelona, ya en ese momento con el objetivo de favorecer el comercio internacional y el desarrollo económico desde la ciudad de Vigo y su puerto; el franquismo trataba así de superar el aislamiento económico que sufríamos desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Con la entrada en la UE en 1986, se abrió un nuevo escenario, que pasó de la actividad estrictamente productiva a la comercial, con servicios de logística, almacenamiento y apoyo al tráfico internacional, convirtiendo a la institución en una agencia de desarrollo económico local, avanzando en el suministro a las empresas de una plataforma de servicios, desde la financiación a la internacionalización.
En esta nueva economía de la globalización, y en un contexto como el actual, es imprescindible también que esta institución supere antiguas visiones estrictamente economicistas y entienda que determinadas actuaciones de carácter social o cultural contribuyen de forma decidida a un desarrollo económico e industrial sostenible y armónico.
Por el bien de la ciudad, el Consorcio de ZFV, que está integrado por diversas entidades, como el Ayuntamiento de Vigo, la Diputación de Pontevedra, la Cámara de Comercio de Vigo, la Autoridad Portuaria de Vigo y el Estado Español, correspondiendo la Presidencia de dicho Consorcio al alcalde o alcaldesa de Vigo, ha mantenido a lo largo de los años una dinámica propia, alejada de la política partidaria, anteponiendo siempre las necesidades y los intereses del tejido económico de Vigo.
Esta situación cambia en el año 2012, con el nombramiento por el gobierno Rajoy de una nueva delegada del Estado en el Consorcio, la pontevedresa Teresa Pedrosa. El tejido económico de Vigo, ni puede ni debe tolerar, que los intereses partidarios del Partido Popular se antepongan a sus necesidades, especialmente en un momento tan delicado como el actual en términos sociales y económicos.
Ejerciendo, no de delegada del Estado en el Consorcio de ZFV, sino de delegada de su partido, la presidenta ha llevado cambios unilaterales en los vocales del Pleno del Consorcio da Zona Franca de Vigo, que resultan absolutamente inexplicables desde cualquier lógica económica. Se cesa a un empresario del sector naval con una prolongada trayectoria en la ciudad, además de un conocimiento y experiencia en esa institución que suponen un capital humano del que no se debe prescindir, se hace además a través del "ordeno y mando", sin ninguna explicación razonable, la única posible es un sectarismo político intolerable, lo que se llama sencillamente nepotismo.
Mientras tanto, permanecen sentados en el pleno, determinados vocales con una formación escasamente adecuada para el puesto, alejados de la realidad económica de Vigo y sin ninguna vinculación con la ciudad; su presencia únicamente se puede explicar y justificar por motivos estrictamente partidarios. Estas decisiones de la presidencia suponen colocar a esta institución en una posición perjudicial para el desarrollo económico de la ciudad.
Pero además, este partidismo intolerable no acaba aquí, el consorcio de la ZFV se ha convertido en una administración que financia en el área de Vigo actuaciones que forman parte de las competencias propias de la Xunta de Galicia. Los vigueses no podemos permitir que el Sr. Feijóo haga una campaña publicitaria de buen gestor, gracias a los fondos que deberían de dedicarse al fomento de la actividad económica y a la creación de empleo en Vigo.
El alcalde de Vigo ha tenido que frenar la aprobación de los presupuestos por discrepar sobre el destino de inversiones que debe de realizar la Xunta de Galicia. La respuesta de la delegada del Estado ha sido colocarse de nuevo la camiseta del Partido Popular y, además del cese del que hablamos anteriormente, ha nombrado un nuevo vocal, el secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, nacido en Madrid, y que estamos seguros conoce perfectamente las necesidades del tejido económico de nuestra ciudad.
Como ciudad, no deberíamos de tolerar que se utilice el Consorcio de ZFV como un agente político y electoral del Partido Popular; la economía y el futuro de esta ciudad y de sus habitantes está por encima de las cuentas y los cuentos de Feijóo y de los intereses internos del Partido Popular.
*Diputado Socialista en el Parlamento de Galicia - Profesor de la Universidad de Vigo
