A estas alturas, y tal como está el patio, no habrá de extrañar que un sector ciudadano, cada vez más nutrido, ande angustiado por el panorama que pinta la UE por el agujero del déficit, la necesidad de reducirlo a corto pazo y la falta de gobierno. Cierto que esto último se nota poco y que dada la calidad media de los políticos de aquí hay quien cree que el país está mejor así, pero lo que inquieta es que haya más recortes.
Es verdad que el presidente en funciones ha dicho que no los habrá para la gente corriente, pero una cosa es predicar y otra dar trigo. De momento, el genio de la lámpara financiera que es Montoro ya apuntó no a un alza del impuesto de sociedades, sino a un anticipo de su pago, y no falta quien advierte que eso repercutirá en el dinamismo actual y generará más paro, que es el peor de los recortes que puede maquinar cualquier ministro.
Eso aparte, las cuentas tampoco cuadrarían. Unos y otros, con premeditada habilidad dadas las circunstancias, han organizado tal desbarajuste que nadie sabe muy bien si habrá o no multa, de cuánto sería y en qué condiciones de pago. Y, de esa forma, está justificado el temor a que la voraz tijera acabe por cebarse otra vez en la educación, la sanidad, la política social o esas campañas de caza que Montoro tiene en curso con la disculpa de combatir el fraude
Pero las cuentas siguen sin salir. Entre otras razones, pero no la única, porque los grandes defraudadores han sido objeto de amnistías que, pese a su generosidad, mantienen fuera de España enormes cantidades de dinero: con ellas sí se acercaría la posibilidad de pagar la multa que fuese y tapar el agujero. Lo malo es que resultarían afectados intereses que ningún gobierno hasta ahora se ha atrevido siquiera a tocar en serio.
Es por eso por lo que quizá haya llegado la hora de dejar de hablar de recortes y de sustituir el concepto por el de "tajo". Pero un tajo a degüello en todo el tinglado estatal, autonómico, provincial y local, mediante la eliminación de todo aquello que supone gasto sin contrapartida, desde la subvención pública a los partidos, que ahora se eleva en un 33% por voto, o sindicatos hasta las múltiples instituciones en el modelo de mini-Estados adosados hasta las canonjías de todo tipo que benefician a quienes pueblan el tenderete.
Esos, los beneficiarios, hablan de "demagogia" en el argumento y de "chocolate del loro" en los resultados.Pero eso, la equidad y la auténtica razón en las sanciones, significaría que, por fin, los españoles -entre ellos los gallegos- empezarían a ser iguales. Pero de eso, ni pío. No interesa en serio a los que podrían cambiarlo.
Claro...
