En la prensa internacional (y escasamente en la española, muy ocupada con los pactos para formar gobierno), se volvió a especular sobre los enigmas todavía no aclarados de los atentados del 11-S. Y todo ello, coincidiendo con la desclasificación por la Casa Blanca de 28 páginas de un informe realizado en 2003 por una comisión del Congreso que se habían mantenido en secreto por orden del expresidente Bush, que era quien estaba al frente de la gobernación cuando se produjeron unos hechos que conmovieron al mundo. Hechos, por cierto, que luego sirvieron de pretexto para desencadenar una "guerra mundial contra el terrorismo", invadir Afganistán e Irak, incendiar Oriente Medio y el Norte de África, provocar cientos de miles de muertos, y crear una psicosis de pánico entre la población civil de Europa y de Estados Unidos ante la eventualidad de ser agredida en cualquier momento por supuestos comandos yihadistas.
Se sabía desde hace tiempo que en esas 28 páginas se aludía a una posible implicación de los servicios secretos de Arabia Saudita en la preparación de los atentados, una sospecha que revestía cierta credibilidad dado que 15 de los 19 supuestos autores de los mismos eran ciudadanos saudíes. Por lo que ha trascendido de esas 28 páginas, y por la forma ambigua en que están redactadas, todavía cabe alimentar la polémica sobre la supuesta implicación saudí en dos direcciones opuestas. En un caso dando pie a la culpabilidad y, en otro, negándola por completo, que es lo que ha hecho la embajada del reino en Washington inmediatamente después de levantarse el secreto sobre las páginas censuradas por Bush.
En los meses anteriores a la desclasificación, se dio noticia en la prensa norteamericana de unas supuestas presiones de Arabia Saudita sobre el Gobierno norteamericano para que evitase la publicación de ese informe. Y se llegó a decir que los saudíes habrían amenazado con represalias económicas dado que Estados Unidos les ha reconocido una deuda de 117.000 millones de dólares y el valor de sus inversiones en valores norteamericanos asciende a 750.000 millones de dólares. Las tradicionales buenas relaciones entre los dos países y los estrechos vínculos financieros, políticos y militares que los unen no permitían aventurar que el asunto derivase en enfrentamiento, pero no elimina, desde luego, la suspicacia de una buena parte de la opinión pública.
La "pista saudí", como tantos otros cabos sueltos del 11-S, está todavía por investigar en serio, aunque es dudoso que pudiera prosperar dados los intereses que están en juego. De lo que no cabe duda es de que hay más de una circunstancia que convendría esclarecer, a parte de la nacionalidad saudí de la mayoría de los supuestos autores. En ese sentido, no es un secreto que la familia Bush mantenía estrechas relaciones de negocios y de amistad con la familia de Bin Laden, el supuesto cerebro de los atentados y de otras acciones terroristas. Un Bin Laden, por cierto, que en años anteriores había colaborado activamente con la CIA armando partidas de combatientes islámicos para expulsar a los soviéticos de Afganistán y abrir paso a las empresas petroleras norteamericanas y saudíes. La versión oficial sobre el 11-S se ha convertido en una leyenda (como la del Apóstol Santiago) pero conviene al poder que se mantenga así.
