EDITORIAL

El intolerable desprecio de Audasa a los gallegos

24.07.2016 | 03:00

La paciencia de los gallegos se ha agotado con la gestión de Audasa, la empresa concesionaria de las autopistas AP-9 y Autoestradas de Galicia. Durante décadas han tenido que soportar una administración manifiestamente mejorable, cuando no negligente, y pese a las quejas generalizadas la reacción de la compañía ha oscilado entre la indiferencia, el silencio y el desprecio. Repasar la trayectoria de Audasa es viajar a lo largo de una interminable, y justificada, relación de advertencias, reclamaciones y denuncias procedentes de los estamentos, instituciones y colectivos más variopintos. Pero la historia también nos dice que Audasa siempre ha ofrecido la misma respuesta: una irritante insensibilidad, mirar para otro lado y, eso sí, recoger cada año los pingües beneficios que le reportan los viales gallegos. La concesionaria ha batido un récord: cabrear a todo el mundo y durante mucho tiempo. Demasiado.

Las últimas reclamaciones las han expresado tres instituciones que no son precisamente menores: el Concello de Vigo, el Puerto y el Parlamento gallego. El primero, por unanimidad de los partidos, le ha apremiado a tomar las medidas necesarias que mitiguen la contaminación acústica -por encima de los 55 decibelios- que padecen los 13.500 vecinos residentes en las 5.000 viviendas ubicadas en los márgenes de los 3,5 kilómetros de autopista que parte el barrio de Teis. Además urge un acceso gratuito a la ciudad desde la calle Buenos Aires, al tratarse de un tramo urbano que no debe ser penalizado con un peaje.

El Puerto, por su parte, le ha abierto un expediente a Audasa después de que ésta haya ignorado el obligado pago durante décadas de las tasas por la ocupación que hace el puente de Rande de la lámina de agua. La empresa tampoco ha abonado las tasas perceptivas por la obra de ampliación del viaducto. En total, cientos de miles de euros que se niega a pagar.

Y el Parlamento, por último, ha exigido, también por unanimidad, el traspaso de la concesión a la Xunta para poder controlar de primera mano la política de peajes, en algunos casos claramente abusivos.

Audasa -controlada por un fondo inversor norteamericano- ha reaccionado sin inmutarse, convencida de que siempre que llueve, escampa. O sea, que ni se ha dignado a contestar. Su caparazón para soportar las demandas sociales e institucionales es granítico. Dándole la vuelta al adagio latino, a Audasa todo lo humano le es ajeno.

Este frustrante comportamiento ha jalonado su itinerario desde que tomó las riendas de las autopistas gallegas. En este tiempo ha manifestado una actitud refractaria a toda concesión, beneficio o facilidad hacia los conductores. Lo suyo es recaudar, actuando de espaldas a las peticiones ciudadanas, en especial las surgidas desde Vigo y su área de influencia.

Porque Audasa ha intentado enmascarar siempre como cambio o progreso lo que en el fondo no dejaba de ser negocio. Así ocurrió con la mal llamada gratuidad del puente de Rande para quienes circulan entre Vigo y la comarca de O Morrazo. Lograda gracias a la perseverancia de los vecinos, este peaje no ha dejado de ser de pago. Antes lo abonaban los usuarios y desde hace una década Xunta y Fomento. Y cuantos más vehículos pasan, más cobra del erario público. O sea que lo seguimos abonando todos, pero de otra forma mas sutil. Lo que no ingresa por la cabina lo recibe vía administraciones. Y lo mismo ocurre en la AG-53 entre Dozón y Ourense.

Además esas contadas mejoras han sido generosamente compensadas con alzas de peajes. Hasta el punto de que más del 80% de los beneficios que declaró el pasado año Itinere (la matriz de Audasa) proceden de la AP-9. Más de 52 millones. Y una gran parte sale del sur de Galicia. De hecho, Vigo es la única gran ciudad cuya circunvalación no es gratuita, un oprobio en toda regla. En total, la sociedad se ha embolsado por la concesión más de 2.400 millones. En sus cuentas, las autopistas gallegas deberían aparecer bajo el epígrafe de bicoca. Así lleva cuatro décadas y, si no cambia por voluntad propia o por la presión de todos, así seguirá hasta 2048, cuando vence su contrato, uno de los más longevos del país.

El régimen de monopolio -no existe una alternativa gratuita a la AP-9- le permite esa desenfrenada libertad, o mejor desprecio. Poco importa que su autopista sea la que más reclamaciones recibe de España. Que los conductores se quejen amargamente de estar atrapados en interminables colas porque la concesionaria ha decidido reducir el número del personal de cabina y sustituirlo por un sistema de pago con tarjeta. Que los usuarios bramen por el penoso mantenimiento de las carreteras. Que los clubes de automovilistas alerten del mal estado de las calzadas. Que la Guardia Civil advierta del peligro que entraña una carretera sin apenas márgenes que utilizar en caso de avería o accidente. Que los camioneros se rebelen contra su asfixiante política de peajes. Que todos se indignen al comprobar cómo corta la iluminación del puente de Rande de madrugada para ahorrar. Ante todo esto, Audasa calla y cobra.

En 2014, una Xunta harta tildó a la empresa como "la concesionaria menos realista y menos sensible de todo el Estado". El pasado año, Ana Pastor, entonces ministra de Fomento, una política adornada por el diálogo y la templaza, le advirtió con la anulación del contrato por su trato a los conductores. "Yo defiendo a los ciudadanos y éstos exigen un servicio de calidad", advirtió con firmeza. Antes y después de esas dos fechas, la hemeroteca nos ofrece un interminable catálogo de quejas y admoniciones.

La concesionaria alegará que las quejas tienen menos sentido ahora, precisamente cuando está invirtiendo 180 millones en la ampliación del puente de Rande. En realidad, esa obra, no voluntaria sino impelida por Fomento, será financiada con peajes, y a la vista de los millones que ingresa cada año, la amortizaría en menos de un lustro. Además, por el camino, ha intentado perpetrar un burdo recorte del proyecto. Otra vez tuvo que ser la exministra Pastor la que frenase en seco esa intención con la amenaza, otra vez, de adoptar graves sanciones.

Los gallegos, en particular los del sur, creen que es momento de cambiar esta relación. La hora de que Audasa -sociedad participada por Abanca y Sacyr- sea sensible al clamor ciudadano y asuma su responsabilidad y compromisos. El contrato concesional no solo recoge derechos, también obligaciones. Debe cumplirlas. Y actuar como una verdadera gestora de las autopistas del Atlántico y dejar de comportarse como una mera empresa recaudadora al servicio de un fondo extranjero llamado Corsair, que en castellano significa corsario.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Enlaces recomendados: Premios Cine