De modo que, dado que pocos elementos de la naturaleza son -al decir del clásico- tan tercos como los hechos, era solo cuestión de tiempo que la patronal gallega acudiese a la Xunta para pedir auxilio financiero. Es verdad que, consciente quizá de la dificultad, la orienta como una suerte de mediación ante los bancos para que éstos flexibilicen su rechazo al plan de viabilidad, pero aún así a pocos engañan, y sólo a los que se dejan.
No es cosa de insistir en los argumentos conocidos acerca de la posible desaparición de la CEG y la más que discutible -y además inoportuna e impopular- fórmula de evitarlo mediante ayudas públicas. Pero el recordatorio de que el "agujero" a taponar es consecuencia directa, más que de la crisis -que también- de la pésima gestión y el derroche que se hizo ahí durante años debería ser suficiente para no añadir otros.
Sí cabe, desde luego, una observación. Cualquier intento, activo o pasivo, de que el Gobierno gallego intervenga -como simple mediador o, peor aún, como avalista- ante los bancos le comprometería política y socialmente. Y además sentaría un precedente al cual podrían acogerse otras entidades que, en caso de apuro financiero, exigieran igualdad de trato. Sobre todo si -y de eso aún no se ha hablado- quedasen sin depurar las responsabilidades de la gestión patronal.
La agonía de este tipo de organizaciones, que en su día alguien llamó, junto a los sindicatos, "fuerzas vivas" del mundo laboral, era sabido, y hasta si se apura, sólo cuestión de tiempo. Y podría haber habido negligencia in vigilando de quienes tendrían que haber impedido que las cosas llegasen a donde están. Pero esa es otra historia que tendrá que aclararse, y contarse, en su momento oportuno.
Ocurre que lo susceptible de empeorar, empeora. Hace solo unas horas este periódico informaba citando diversas fuentes empresariales, que la situación general en Galicia podía complicarse aún más. Y es que las entidades provinciales también bordean la crisis, arrastrando consigo a distintas sectoriales, y así convertir el escenario en un aquelarre de consecuencias imprevisibles. Y en todo caso, extremadamente dañinas para una concepción moderna de lo que debe ser el impulso y la dinamicidad del conjunto económico.
Y además, queda la imagen. Los contribuyentes gallegos, y desde luego la legión de empresarios honestos, tienen derecho a preguntar quién va a pagar los daños a la marca Galicia, que se quiera o no, está afectada. A eso sí que tendría que ponerse la Xunta, siquiera para no verse obligada a dar en su momento, más aún de lo que ahora mismo le piden.
¿No...?
