Peinador despega con el bajo coste pero las ayudas no son un cheque en blanco

El primer, y decisivo, elemento ha sido que después de muchas batallas políticas y de opinión pública -que las páginas de FARO han recogido con pertinacia- por fin se ha desenmascarado la estrategia de la llamada "coordinación aeroportuaria" gallega. Durante años, Vigo y su área potencial de clientes -una población que supera con creces el millón de personas- han soportado una patraña que, a fuerza de reiterada, no pocos se acabaron creyendo: el futuro de Peinador pasaba por ser una terminal doméstica, de uso casi empresarial, mientras que Lavacolla y Alvedro engordaban la bolsa de pasajeros. En eso consistía, en el fondo, la verdadera coordinación. Jibarizar, sino extinguir, el aeropuerto vigués y potenciar los del norte gallego. ¿Cómo? Pues con dinero público, naturalmente. Porque mientras Peinador se consumía, mes a mes, como una vela, los gobiernos municipales compostelano y coruñés -con la interesadísima connivencia de la Xunta, la del PP, pero antes la del bipartito- aportaban combustible económico en forma de millonarias subvenciones a las aerolíneas. Y lo grotesco era que esos mismos que inflaban -y lo siguen haciendo- con ayudas públicas a las compañías se erigían en los grandes adalides de esa sacrosanta coordinación.

Ha costado años de combate político y de pedagogía ciudadana para hacer ver a unos y a otros -por cierto, algunos de los más activos portavoces de esa estrategia aeroportucida se sentaban, y sientan aún, en los sillones de la corporación viguesa- que esa estrategia perfectamente urdida condenaba a Peinador a la nada, y que si no se adoptaban medidas similares a las de Lavacolla y Alvedro la terminal viguesa sería fagocitada por una pinza entre el norte y el Sá Carneiro de Oporto. El propio alcalde portuense, Rui Moreira, admitió en un calentón durante una entrevista que Vigo era "la salchicha fresca en medio de una francesinha [bocadillo]", formado por Oporto y A Coruña y que, a su juicio, Peinador era "miserable". Sin comentarios.

Esa mascarada hizo mucho daño pero por fortuna llegó a su fin. El Partido Popular de Vigo levantó su veto a que el gobierno local firmase acuerdos de colaboración con aerolíneas y Peinador goza hoy de una salud que invita a la ilusión. Los resultados están a la vista. El mismo aeropuerto que parecía apestado -pese a dar servicio a la mayor ciudad de Galicia- es hoy polo de atracción de las propias aerolíneas que, como en el reciente caso de la portuguesa TAP y su conexión a Lisboa, acuden al Concello para anunciar su interés de operar en la ciudad.

En la resurrección de Peinador han jugado un papel clave, y éste es el segundo elemento, las líneas de bajo coste. Estas compañías -Volotea, Air Nostrum, Iberia Expres, Vueling o el reciente fichaje de Ryanair- aportan hoy una buena parte del pasaje. Pero su presencia no es totalmente desinteresada y voluntaria. El gobierno local la está incentivando con ayudas bajo el eufemístico epígrafe de promoción turística. Mantener el flujo de compañías y rutas cuesta dinero público, una práctica que, por otra lado, llevan implementando en A Coruña y Santiago sin el menor rubor desde hace lustros y aportando mucho más dinero. Y también Sá Carneiro, que financia prácticamente el cien por cien de sus vuelos. Es palmario que estos fondos están dando sus frutos, pero también que las ayudas de ningún modo pueden convertirse en un cheque en blanco en manos de los directivos de las aerolíneas para actuar a su libre antojo.

El escándalo de Vueling -multitud de vuelos cancelados, retrasados o desviados y decenas de miles de viajeros tirados y desesperados- expone con crudeza los peligros y las amenazas que se corren cuando se establecen tratos comerciales con estas compañías. Alvedro y Lavacolla están sufriendo en sus carnes la deficiente gestión de una aerolínea catalana que obtiene beneficios millonarios. En el primer caso, Vueling acapara el 39% del mercado con siete conexiones. A cambio A Coruña le paga cada año 1,4 millones. En el segundo, tiene una cuota de viajeros del 21% repartidos en 16 vuelos. Santiago le inyecta 2,8 millones anuales. Un dineral por un servicio que hoy se revela chapucero. Los concellos, pese a sus pataletas de presentar quejas y demandas, están en la práctica con las manos atadas frente a la tiranía de las low cost, que se sienten libres de cualquier compromiso, en una suerte de coge el dinero y echa a volar.

En Vigo no se ha llegado a ese extremo. Sin embargo, sí se han detectado síntomas que encienden las alarmas. Retrasos injustificados sin previo aviso o tarifas desorbitadas e impropias de una low cost subvencionada -¿cómo puede ser mucho más barato, por ejemplo, viajar a Londres vía Madrid que utilizar una conexión directa desde Vigo? ¿o que te ahorres mucho dinero comprando cuatro billetes para ida y regreso hasta la capital de España en lugar de dos?- mueven a la preocupación. Las quejas de los usuarios, que suelen desahogarse en las redes sociales, empiezan a adquirir cuerpo. Así que antes que la situación se descontrole, es necesario fijar los cortafuegos correctores.

Más allá de las competencias del Ministerio de Fomento, que ya está ejerciendo con firmeza con Vueling, los Concellos tienen la obligación de gestionar con probidad y eficiencia los siempre limitados recursos públicos. En un mercado aeroportuario tan complejo y con tantos intereses enfrentados, en el que la ley de la oferta y la demanda ha devenido casi en un juego de tahúres, se hace imprescindible mantener el control y exigir a las compañías que cumplan con sus compromisos, atiendan sus obligaciones y que respeten lo que han firmado. Nada más, pero tampoco nada menos. Porque, en caso contrario, el caso de Vueling puede ser solo el principio de una pesadilla alimentada con el dinero de todos los ciudadanos.