Han arreciado por enésima vez los insultos y descalificaciones sobre Felipe González, ese deporte nacional, por apuntar que el PSOE debería abstenerse para facilitar la investidura presidencial de Mariano Rajoy. Tanta leña y tan ardiente solo puede estar amontonada por la estupidez y la desinformación. Ahora mismo es imposible reunir en el parlamento una mayoría estable y coherente de izquierda para un gobierno alternativo. Insistir en que Pedro Sánchez y el PSOE debería admitir como socios parlamentarios a los que día a día empujan a Cataluña a la secesión o pretenden la rápida independencia del País Vasco es un desatino. Por lo tanto la única opción de gobierno es la encabezada por el PP. Mucha gente - servidor no se excluye - tiembla pensando en cuatro años más de los conservadores en el poder. Pero nos equivocamos. Este no es el PP de la mayoría absoluta. El PP es solo, actualmente, la mayor minoría en la Cámara Baja. Los resultados de las últimas elecciones perfilan un Congreso de los Diputados que debe pasar de escenografía normativa de Rajoy y su equipo a una auténtica cámara parlamentaria con un control sobre la acción del gobierno realmente feroz y cuya producción legislativa ya no sería el complaciente espejo de los deseos e intereses del Ejecutivo.
Sí, el PSOE podía abstenerse, y podría incluso negociar esa abstención. Los socialistas se abstendrían si el nuevo Gobierno deroga determinados preceptos de la reforma laboral, si se compromete explícitamente a abrir la reforma constitucional con un preciso aunque flexible cronograma incluido, si firma un documento, incorporado al programa de investidura, para incrementar el gasto en educación o en sanidad públicas durante la legislatura. Son tres ejemplos, pero caben otros. Y más adelante el PP deberá negociar ley a ley con una oposición que le ha permitido gobernar, pero que exigirá, porque ocupa casi la mitad de los escaños, a gestionar conjuntamente con el Congreso: si existe una mínima inteligencia entre Ciudadanos, PSOE y Podemos, es perfectamente posible sacar adelante una agenda legislativa progresista que en los próximos años proponga reformas inaplazables en la sociedad española, en la fiscalidad y en sus administraciones públicas, en los servicios sociales y en el modelo territorial del Estado. Por lo tanto, en lugar de insultar a Felipe Gonzále -muchas de cuyas declaraciones públicas son, obviamente, criticables y criticadas- convendría reflexionar sobre el resultado político real de las elecciones generales, la relevancia de la correlación de fuerzas en una democracia parlamentaria y las posibilidades de fiscalización y de capacidad normativa abiertas a la oposición de centro y de izquierda en el nuevo escenario político español.
