La semana pasada traje aquí a Umberto Eco como aval del peligro que representan las redes sociales, vectores de intoxicación cultural y política de la juventud. Aunque difunden un tipo de información inmediata -que puede resultar útil sin ser urgente ni trabajada- también las redes dan la palabra a hordas de imbéciles, a adeptos a las teorías del complot y la conspiración (conspiranoicos) y a manipuladores.

Aún no había secado la tinta de mi columna y ya desde Cataluña, vistos los resultados electorales en España, un señor ponía en la red una carta, que sería viral, con la insana e infantil pretensión de explicar en clave conspiranoica la derrota de Unidos Podemos. Digamos en honor de los líderes de esta formación que no suscribieron oficialmente la tesis. Ese mal perder de los enredadores -nunca mejor dicho- cabe atribuirlo a la mala fe pero no debemos excluir deterioro de capacidades cognitivas. La participación el 26J disminuyó en más de un millón de votos respecto al 28D: ahí reside la explicación. El resto es mala fe y/o imbecilidad, no le demos más vueltas.

Por una parte, esa forma de vivir la política es propia de la mentalidad vudú. En efecto, la creencia vudú aconseja buscar siempre una causa exterior a las desgracias. Por otra, lo que refleja la carta corresponde a una flagrante manifestación de deterioro de capacidades cognitivas relacionadas con la aritmética y el razonamiento verbal. Hay quien sabe redactar una carta pero es incapaz de estructurarla lógicamente, sin incoherencias ni contradicciones, ni aplicar sencillos razonamientos cuya única técnica requerida consiste en sumar y restar.

El deterioro de capacidades cognitivas de una parte de la población no es broma ni exceso de lenguaje ni mera hipótesis. Aunque se necesitan más trabajos para confirmar los resultados establecidos hasta la fecha, en un artículo de importancia cardinal (A negative Flynn Effect in France, 1999 to 2008-9, Intelligence, agosto 2015) Edward Dutton y Richard Lynn documentan la caída, en casi cuatro puntos (3,8), del coeficiente de inteligencia (QI) medio en Francia entre 1999 y 2009. El trabajo de los dos científicos británicos apunta a la primera inversión de la tendencia secular al aumento medio del QI en el país vecino. En otros países (Noruega, Dinamarca, Australia, etc.) a partir de diversos tests se han constado también regresiones del QI.

Reputada por su sistema educativo, los mismos autores publicaron un estudio respecto a Finlandia (A negative Flynn effect in Finland, 1997-2009, Intelligence, noviembre 2013) basado en tests anuales a 25.000 jóvenes entre 18 y 20 años, sujetos a conscripción militar. Los tests estándar se efectuaron de 1988 al 2009, observándose una caída media de dos puntos en el QI entre 1997 y 2009. Los autores analizaron tres funciones cognitivas fundamentales: representación de formas, aritmética, razonamiento verbal. Las tres funciones retrocedieron respecto a niveles anteriores.

Saber sumar en economía

De distinto cariz que la carta de marras pero no menos grave en cuanto a pérdida de capacidades cognitivas relacionadas con la aritmética son las constantes referencias en las redes sociales a los recortes de motosierra que aplica el Gobierno.

Hace algunos años, a pesar de ser autor de uno de los mejores libros de economía matemática que existen en el mercado internacional (Mathematical Methods and Models for Economists) Ángel de la Fuente, en sus artículos de divulgación, ponía irónicamente debajo de su nombre "es economista y sabe sumar". Con lo de "sabe sumar" se refería a que ese conocimiento, considerado elemental, no lo dominaban todos los profesionales del ramo a tenor de lo que escribían los independentistas catalanes cuando echaban cuentas relacionadas con las balanzas fiscales. Aunque De la Fuente ironizaba, evidentemente, el asunto es más serio de lo que parece al constatarse en numerosas personas un deterioro de la capacidad cognitiva relacionada con la aritmética. Y, a juzgar por la incapacidad manifiesta para entender lo que es una crisis, creo, a la par de Ángel, que uno de los colectivos profesionales más afectados es el de los economistas. Porque, para alguien que sabe sumar, una crisis económica es fácil de entender sin recurrir a grandes formalismos teóricos: cuando se entra en un círculo perverso en el que los pagos del Estado aumentan y los ingresos disminuyen. En estas circunstancias, dentro de la zona euro en cumplimiento de los Tratados (en evitación de sanciones y para tener acceso a financiación de la deuda a tipos de interés soportables) se imponen los ajustes. Si un economista profesional se refiere a los susodichos ajustes llamándoles recortes con motosierra se trata de un demagogo o de un analfabeto funcional que tiene afectadas las capacidades cognitivas relacionadas con la aritmética.

En 2011, antes de que el PP gobernara, el gasto no financiero estatal ascendía a 150.056 millones de euros; para 2016 se han presupuestado 157.190 millones ¿Dónde están los recortes de motosierra? Durante estos años el Gobierno ha ajustado sobre todo las inversiones en obras públicas y algo menos en sanidad y educación Desde 2011, las inversiones reales del Estado -sin contar las que realizan las empresas públicas y otros organismos de la Administración central- se redujeron el 40% ¿Cómo hacer frente si no al pago de intereses de la deuda, prestaciones por desempleo, transferencias a la Seguridad Social para pensiones mínimas, transferencias al resto de administraciones del Estado, transferencias netas a la UE, etc.? Las transferencias a la Seguridad Social para cubrir las pensiones mínimas eran 8.337 millones de euros en 2011 y serán de más de 13.000 millones en 2016.

El déficit público que dejó Zapatero en 2011 representaba el 8,9% del PIB, lo que disparó la prima de riesgo al gastar el Estado 90.000 millones de euros más de lo que ingresaba. Gracias a la política económica de manual -dentro del euro no hay otra- y al círculo virtuoso del crecimiento económico, el fardo de la deuda del Estado empieza a aliviarse. Ello ha sido posible por las mejores condiciones de financiación con la caída de la prima de riesgo (este año alcanzó su mínimo histórico) o en las diferentes emisiones de letras que el Tesoro Público ha completado con intereses negativos.

Con todo, según los últimos datos publicados por el Banco de España (29 junio 2016), la deuda del Estado subió en mayo 4.315 millones de euros, 0,47% (hasta 926.472 millones) Ello marca una ligera tendencia al alza, en absoluto significativa, respecto a abril, cuando se observó un descenso. El Banco de España actualizará el próximo 15 de julio el dato de la deuda del conjunto de las administraciones públicas hasta mayo, que incorpora a la deuda del Estado antedicha el endeudamiento de las comunidades autónomas, las corporaciones locales y las administraciones de la seguridad social. En consecuencia, es completamente incoherente acusar al Gobierno de meter la motosierra en el gasto público. Significando coherencia la actitud lógica y consecuente con una posición anterior, resulta incoherente quejarse de los ajustes si el fardo de la deuda pública sigue pesando. Si la deuda fuera abultada sería porque los ajustes no fueron suficientes; si los ajustes fueron elevados también la deuda es menor de la que habría con un gasto más expansionista. Por tanto, en ambos casos sobran las quejas.

El actual partido gobernante se encontró en el 2011 con un incremento del 30% en la partida destinada al pago de intereses. Para hacerse una idea de lo pesada que resulta dicha carga para el Estado, sépase que la partida destinada al desempleo, en 2014, alcanzó 25.000 millones de euros, 30% menos que los intereses de la deuda. Los intereses -concepto para el que se han destinado 33.490 millones de euros en los PGE 2016- superan la suma total de las partidas destinadas a políticas sociales -en las que se incluyen las prestaciones por desempleo- a pesar de que el gasto por intereses se ha reducido en un 5,6% con respecto a los 35.490 millones del 2015 (solo 17.000 millones en el 2007) De ahí se sigue (para quien sepa sumar) que si no hubiera deuda se podrían financiar sin problema políticas sociales ampliamente generosas pero el Estado debe dedicar el 3,2% del PIB al pago de intereses.

El caso del nacionalismo

Otro ejemplo irrefutable del deterioro de las capacidades cognitivas lo suministra el nacionalismo gallego. Solo desde el ensimismamiento nacionalista y el cainismo cerril para con la mayoría de gallegos cabe exigir una confederación de naciones, en lo que hoy constituye España, que a la postre culminara en un sistema tributario asimétrico parecido al que se aplica en el País Vasco y Navarra. No voy a extenderme en desmontar semejante dislate pues ya lo hizo aquí Santiago Lago Peña (¿Un sistema foral para Galicia?, 2/06/2016) y anteriormente en un estudio de gran calado en binomio con Joaquín Fernández Leiceaga (O impacto fiscal en Galicia dos cambios no modelo territorial, Foro económico de Galicia, 2015)

Únicamente desde la equidad redistributiva de un Estado español centrado, fuerte y equilibrador puede compensarse, en la medida de lo posible, la insuficiencia de recursos de algunas regiones españolas en aras de poder ofrecer a sus habitantes servicios públicos comparables, o casi, a los de las regiones más ricas. Ello no impide que los salarios medios en las comunidades autónomas presenten una notable varianza respecto al salario medio español. Compárese, por ejemplo, el salario medio del País Vasco con el de Extremadura. Esto, junto con la provisión de servicios, apunta a la desigualdad de oportunidades según donde se resida. Buscando la perecuación el Estado interviene y redistribuye. No solo eso, el sistema español centralizado de caja única permite que en Galicia se paguen las pensiones toda vez que las cotizaciones (retenciones) solo representan el 25% de las prestaciones (coste de las pensiones, datos primer trimestre 2016)

Lo dicho, andan por ahí sueltos muchos elementos con las capacidades cognitivas seriamente tocadas. Si estuvieran calladitos quizás se les notaría menos.