Uno de los vicios objetivamente más graves -aunque esa cualificación es una opinión personal- de la actual democracia española consiste probablemente en la progresiva reducción de la seguridad jurídica de personas individuales y empresas. Que se ha producido no por ataques de los antisistema o de bandas organizadas de delincuentes -que también- sino en bastantes ocasiones desde la Administración. Aunque algunos rebajen su responsabilidad a errores de interpretación o una dejación de funciones.
La situación no se ha producido de repente; el momento actual resulta de aquellas causas y tienen especial protagonismo, paradójicamente, en dos sectores: el judicial y el fiscal. En el primero, durante años se han sucedido filtraciones de instrucciones que ni siquiera se han concluido y en cuyas descripciones se han incluido elementos que, además de intencionalidad política por el filtrador añaden gravedad por la falta de respuesta efectiva contra quien las hace. El resultado es, por ahora, la destrucción fáctica de principios esenciales como el de la presunción de inocencia y por tanto la inversión de la carga de la prueba -al menos ante la opinión pública- a la hora de demostrar la existencia o no del delito por el imputado, que puede ser cualquiera.
En el lado fiscal, la responsabilidad básica es del ministro de Hacienda y su complejo de cazafantasmas evasores, mezclando infractores dolosos con meros deudores circunstanciales e incluso declarantes que cometieron errores, que -al igual que golfos- también los hay. Y ese modelo, que ha afectado igualmente a personas y empresas gallegas muy "tocadas" por la crisis y no con el propósito de defraudar, recuerda a los tiempos en que se condenaba a gente a la picota sin la garantía de que fuesen -los penados- auténticos culpables de delito.
En esos casos, la exposición pública de las listas que mezclan la golfería con la imprudencia produce a veces daño y perjuicio injusto e ilegítimo. Y hay empresas gallegas, por ejemplo, que ya abonaron sus deudas y sin embargo permanecen en esa picota, que podrían dar testimonio solvente de tales daños.
Montoro padece la obsesión de cuadrar las cuentas aunque sea a costa de una persecución sistemática y sanciones a los contribuyentes que tienen fácil la inspección. Mientras amnistía a los que han evadido grandes cantidades para que las retornen a cambio de enormes rebajas impositivas. Y eso no sólo constituye un trato desigual y quizá anticonstitucional que crea inseguridad, sino que, vistas las cifras, y sus resultados prácticos -15.000 millones pendientes- sólo aporta un efecto propagandístico.
¿Eh...?
