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Europa ante la crisis de los refugiados

Como cada año, este 20 de junio se conmemora el Día Mundial del Refugiado y, sin duda, esta vez esa conmemoración tiene una connotación especial tras todo lo ocurrido en el año anterior con el intento masivo, de cientos de miles de refugiados, que trataron de entrar en la Unión Europea a través de las islas griegas, en un viaje que significaba arrostrar graves peligros e innumerables sufrimientos. Huía la mayoría de la guerra sin cuartel, con bombardeos y asedios causantes de numerosas víctimas civiles, que se está desarrollando en Siria. Y, otros, de las consecuencias de los conflictos que están padeciendo en algunos países de la zona, como Irak, Afganistán y Pakistán.

La grave situación creada en la Unión Europea por ese incesante, voluminoso e imparable flujo migratorio, en el que se mezclan y se confunden los refugiados con los migrantes económicos, se ha convertido en uno de sus más graves problemas, hasta tal punto que está poniendo en peligro no solo el mantenimiento de algunos de sus pilares básicos fundacionales como el derecho de asilo o la libre circulación de las personas por el espacio europeo (Tratado de Schengen), sino también los derechos básicos de las personas migrantes, además de estar abriendo una profunda e inquietante brecha entre los estados del oeste y del este de la UE, la aparición de graves e importantes movimientos xenófobos en numerosos de sus países miembros y creando, en fin, el caldo de cultivo propicio para la expansión de los partidos ultraderechistas.

Ante esa crisis migratoria en este pasado año hemos visto cómo el sistema de asilo político de la UE (desarrollado en la Convención de Dublín), que no establecía límites en el número de asilados políticos que podían ser reconocidos y determinaba que era el país de entrada el que debía registrarlos y asentarlos, saltaba por los aires ante la avalancha de los cientos de miles que presionaban sobre sus fronteras para conseguir ese estatuto: 779.000 solicitudes de asilo en los primeros nueve meses de 2015. Llegaban desde Turquía hasta las islas griegas para, a través de los Balcanes, tratar de dirigirse a los países de la UE que les ofrecían las mejores condiciones de asilo, como era el caso de Alemania.

Fue un éxodo de caracteres bíblicos que recordaba los grandes y trágicos movimientos de población que padeció Europa tras las Segunda Guerra Mundial. Además de los muertos en la travesía por mar hacia Grecia que ya se cuentan por miles, las condiciones del viaje de esa legión de migrantes, compuesta en gran parte de niños y mujeres, de frontera en frontera, de campo en campo, de muro en muro, explotados por las mafias de traficantes de carne humana y escarnecidos por policías y paisanos xenófobos como si de alimañas se tratara, golpearon cada día nuestras conciencias poniendo en marcha iniciativas loables de la sociedad civil que veía y leía cada día aquel horror en la televisión y en la prensa y asistía atónita a la lentitud, pasividad y división de las autoridades de la UE ante aquel dramático espectáculo.

El impacto sobre la opinión pública del cadáver del niño Aylan en una playa griega produjo, es cierto, una ola de solidaridad en toda Europa con los refugiados, pero pronto en algunos de los países del oeste de la UE ciertos partidos políticos (y no todos necesariamente de ultraderecha) y sectores importantes de las poblaciones amedrentadas por los "posibles" efectos negativos de la crisis migratoria para su modo de vida comenzaron a oponerse y pedir a sus políticos que pusieran límites a ese éxodo ingente. Pero fue, sobre todo, en los países del Este (Hungría, República Checa, Eslovaquia y Rumanía), por razones de identidad nacional, pero también étnicas y religiosas, donde esa actitud contraria al éxodo migratorio tomó verdadero cuerpo político, oponiéndose sus gobiernos a la política de "puertas abiertas" para los refugiados que Angela Merkel, con el apoyo de la Comisión Junckers y saltándose las normas vigentes del derecho de asilo político de la UE, había tratado de poner en práctica.

Pero la política de Merkel nunca buscó una verdadera solución integral, a nivel de conjunto de la UE, de la crisis de los refugiados, una solución que tratase de conseguir el cambio del sistema de asilo político vigente, el establecimiento de cuotas de refugiados permanentes y proporcionales a la población de cada Estado para que todos se sumaran a una recepción equitativa de los refugiados. Ni se planteó la implementación de programas para su integración, ni de medidas para la salvaguarda de sus derechos humanos.

Ante esa doble oposición, esa política inmigratoria de corto vuelo de la líder alemana (cuyo mayor éxito fue imponer a los estados miembros la aceptación del asentamiento de 120.000 refugiados por el sistema de cuotas), dio marcha atrás y se plegó, en cierta medida, a las pretensiones de los gobiernos del Este que sólo proponían y aceptaban medidas restrictivas, como restablecer las fronteras internas, reforzar las exteriores y "comprar" el asentamiento de los refugiados en países próximos a la frontera europea para que hagan de tapón y contengan el flujo de los migrantes asentándolos en campos de refugiados, sin conseguir verdaderas garantías para que no se vulneren sus derechos. Ese es el sentido del vergonzoso acuerdo con Turquía para el asentamiento de ese flujo de refugiados. Un vergonzoso tapón que, además, no logra siquiera cerrar del todo el grifo del flujo migratorio. Porque una parte de esos migrantes se une a los que, procedentes del África subsahariana, pretenden entrar en la Europa comunitaria a través de Libia.

Ante esa situación, el Día Mundial del Refugiado de este año debería tratar no sólo de hacer conscientes a los ciudadanos europeos de esa trágica situación, pedir que se sumen y apoyen a las asociaciones de la sociedad civil que palían o buscan soluciones justas a la crisis de los refugiados, sino también que denuncien por todos los medios a su alcance la falta de una verdadera política integral de las instituciones europeas para la solución de esa crisis desde los valores fundacionales de la UE y las normas del derecho internacional humanitario.

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