Sí, ¿qué será de los servicios públicos en la UE, ésos que se financian actualmente con los impuestos de todos los ciudadanos, si se firma el TTIP, el acuerdo transatlántico sobre comercio e inversiones, tal y como se pretende?
Según sus críticos, el tratado facilitará la inversión privada en sectores hasta ahora relativamente protegidos como la sanidad o la enseñanza o muy regulados como el medio ambiente y el sector agroalimentario.
Aunque sus defensores argumentan que los servicios públicos como tales están excluidos de ese acuerdo, el hecho es que esa exclusión es más bien teórica dada la ambigüedad del propio concepto de servicio público.
Como señala el activista italiano Marco Bersani, el servicio público "es definido en un sentido más bien negativo: no se considera tal el que pueden prestar autoridades distintas de la pública".
"Al margen de los servicios audiovisuales, excluidos del tratado por expreso deseo de Francia, de las Fuerzas Armadas, la justicia y de las rutas aéreas internacionales, el resto es materia de discusión", afirma Bersani.
El propio tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea dice que los Estados "deben esforzarse en la liberalización" de ese tipo de servicios siempre que "lo permita la situación económica".
Otro asunto polémico del TTIP es el relativo al sector agrícola: Europa defiende las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen, algo que no reconoce Estados Unidos, que ofrece protección únicamente a las marcas de fábrica.
Según un estudio del Parlamento Europeo, con la aprobación del TTIP, Europa se expone a un gran crecimiento de las exportaciones agrícolas estadounidenses en esta dirección, que podrían doblar al de las europeas en sentido contrario.
Un documento de Greenpeace cita un documento del ministerio de Agricultura estadounidense según el cual los norteamericanos prevén una disminución del precio pagado a los agricultores europeos en todas las categorías de productos salvo los quesos.
Mientras tanto, la ONG Amigos de la Tierra ha expresado el temor de que no sólo en Europa, sino también en Estados Unidos, el sector agrícola acabe convertido en un monopolio de un pequeño grupo de multinacionales, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo además de disminución de la diversidad.
Y el asunto más polémico de todos que es la posibilidad que ofrece el TTIP a los grandes grupos de exigir compensaciones o indemnizaciones millonarias a los países por cambios legislativos que afecten a sus expectativas de ganancias.
Las multinacionales podrían oponerse a las políticas sanitarias, medioambientales o de regulación financiera, lo que puede llevar a un incremento de los litigios entre las empresas y los Estados, que se pretende que se diriman ante tribunales privados sin que su solución dependa de la justicia de cada país.
Algo que ha motivado las protestas, entre otros, de la Asociación Internacional de Jueces, que califica de innecesaria la introducción de ese sistema judicial porque la UE y sus miembros "tienen ya un sistema capaz de proteger los derechos de los inversores".
