19 de junio de 2016
19.06.2016
EDITORIAL

La nueva financiación autonómica no puede ser injusta para Galicia

19.06.2016 | 03:23

La proximidad de las elecciones ha vuelto a poner encima de la mesa el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. El sistema que se aplique para el reparto de los recursos disponibles no resulta indiferente, claro está, pero para una correcta evaluación de los recursos públicos tan importante, si no más, que los criterios para el reparto es la constatación de cómo gastan el dinero las distintas comunidades. Porque cuanto más poder tienen algunas y más capacidad de ingresos, peor están. Las que por su atraso son deudoras, exigen a su vez que no cese el maná. Las hay también que abanderan su victimismo para extraer un trozo mayor de la tarta. Los recursos no son ilimitados, así que lo que uno se lleve de más otro se llevará de menos. Por eso no debe bajarse la guardia ante la revisión en ciernes. Porque por muchas razones que esgriman unos y otros, de ningún modo la nueva financiación puede ser injusta con Galicia.

Que los ricos aporten menos y reciban más y los pobres aporten más y reciban menos es un estrafalario planteamiento al que parece que quieren abonarse algunas comunidades con sus reivindicaciones. Demagógicas propuestas y victimismos a un lado, abordar la nueva financiación entre todos y de forma transparente será el mejor antídoto para la refundación del modelo. Todas consideran escasos los fondos que les llegan y ninguna reconoce haber cometido dispendios. Pero en todas las regiones los hubo, aunque no todas derrocharon por igual.

Van allá cinco métodos de financiación y éste último, colmado de elogios al nacer, tampoco vale. Las hay entre las comunidades más ricas que se sienten expoliadas frente a la anquilosada burocracia y la clientela electoral de algunas de las más pobres, que han hecho de las transferencias el elixir que las mantiene perennemente con vida. Lamentablemente de clientelismo y mal uso de los recursos públicos, nauseabundos ejemplos hay en unas y en otras de cómo mantenerse en el poder comprando votos con el dinero de todos. Una nefasta manera de ejercerlo retratada en los escandalosos procesos judiciales en marcha.

Después de 37 años de nivelación, las comunidades desfavorecidas siguen siendo casi todas las mismas. Ahí está el fallo y es lo que habrá que remediar con soluciones justas e inteligentes. Lo primero que habría que preguntarse es si en verdad queremos corregir entre todos sus deficiencias o más bien estamos ante nuevas estrategias coyunturales para que cada uno saque la mayor tajada posible.

Lo que debiera interesar es aprovechar esta oportunidad para acabar de una vez con la insuficiencia crónica del modelo y apostar por otro que compense adecuadamente los servicios en función de las necesidades y peculiaridades de cada territorio. Sin privilegios intocables pero tampoco vegetando de balde con el pan de todos.

El desajuste proviene de algunas comunidades que no piensan en prestar el más eficiente servicio posible al ciudadano, sino en enredar y confundir a la gente. El sistema tiene que garantizar la igualdad, lo que no supone tampoco fomentar la pereza de las comunidades. Cada una de ellas debe esforzarse por contribuir con lo máximo posible al bienestar general del país.

Estimular a los aplicados en la tarea e invertir la actual espiral de recelo y desconfianza ha de ser el norte de actuación. Una refundación del modelo para reconocer a los que rinden -los que ahorran, tienen gasto comedido, no se endeudan y multiplican la eficacia de las inversiones- y sancionar a quienes derrochan o hacen un mal uso de los fondos. Sin falsear la historia ni manipular las cuentas. Con la premisa de que los derechos de los ciudadanos al disfrute de los servicios básicos son los mismos vivan donde vivan y tengan el saldo que tengan. Y la autonomía que quiera atenciones extraordinarias, que las pague de su propio bolsillo, afrontando el trago de exigir impuestos adicionales a sus contribuyentes para ello.

En el caso de Galicia, los gallegos no tenemos la culpa ni de la dispersión ni del envejecimiento poblacional ni tampoco del agravamiento de su declive demográfico, factores todos ellos que encarecen sobremanera la prestación de los servicios públicos frente a territorios con población más joven y menos dispersa. Y no deben ser penalizados por ello.

En solo un quindenio, la población gallega de 85 y más años ha aumentado un 67%, mientras que la de entre cero y cuatro años solo lo ha hecho un escaso 20%. Los números son harto reveladores de un preocupante problema de relevo generacional, aspecto al que hay que sumar un precario mercado laboral que sigue sin generar los recursos suficientes para atender las necesidades del sistema público. Un trabajador retirado de 90 años habrá pasado sus últimos 25 percibiendo una pensión contributiva. Ante esta metamorfosis de la realidad poblacional cabría esperar una reforma igual de profunda del sistema que sufraga la vida postlaboral de la población, pero eso no ha ocurrido. Y la asignación de fondos del Estado a las comunidades tampoco ha resuelto la problemática.

La postura de la Xunta es conocida. Sostiene que la financiación actual es insuficiente porque no llega para pagar la sanidad, la educación y los servicios sociales de los gallegos. Y reclama que la densidad de población, la extensión del territorio y el envejecimiento tengan más peso en el reparto. De ahí que acierte de pleno el presidente Feijóo en su planteamiento de tirar del carro del Noroeste (Castilla y León, Asturias y Cantabria) en la batalla por demandar de la nueva financiación fondos de cohesión para el coste del envejecimiento y para alentar la natalidad, junto con otras cuatro autonomías (La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura) en similar situación. Una iniciativa que además de visibilizar la verdadera dimensión del problema demográfico del Noroeste peninsular, lo lidera bajo el objetivo común de encauzar una solución. Porque el Noroeste también existe y España no es solo lo que se afana en demandar su eje mediterráneo.

Las disfunciones no se superarán en modo alguno condonando la deuda o mejorando la financiación a las más endeudadas. La solución no puede venir por premiar la falta de seriedad y rigor e incentivar el endeudamiento futuro. Condonar la deuda no es lo que se hace en los países serios ni agrada a Bruselas. Tampoco pasa por trasladar la lógica del impuesto sobre la renta a la de los servicios, esto es, que las comunidades más ricas tengan más financiación per cápita. Es lógico que quienes más ganan antes de pagar el IRPF acaben con mayor salario neto en igualdad de condiciones. Pero también lo es que el que afronta mayores costes tenga más financiación, sea propia si es rico, o transferida si lo es menos.

Estamos así pues ante un desafío nacional que necesita de consenso y de que se primen criterios objetivos y lícitos para encauzarlo. Sin permitir que otros de índole política o de pago de favores a cambio de otro tipo de componendas postelectorales obstaculicen la mejor solución con la que resolver un problema capital de todos. Ni mucho menos aún que Galicia salga injustamente tratada en el reparto final.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Enlaces recomendados: Premios Cine