Obra pública con garantías

13.06.2016 | 01:10
Obra pública con garantías

Ha sido categórica Concha Campos hace unos días en su artículo en Faro de Vigo "Contratación Pública y corrupción" cuando hizo mención a la afirmación de la OCDE ("La actividad de los gobiernos más vulnerables a la corrupción es la contratación pública"). Además yo diría que es más cara, al incorporar inevitablemente mayores costes a lo que pretendes adquirir y más perjudicial para las empresas al propiciar que los que tienen las peores prácticas logren ventajas sobre los que mejor estén, técnica y económicamente, preparados.

Los procesos de contratación pública digital estoy seguro que ayudarán de forma determinante a una mayor, sino total, transparencia que entiendo es uno de los factores claves de la desaparición de prácticas corruptas, pero podría avanzarse más, con otros elementos que funcionan en otros países, como el reforzamiento de las garantías que han de aportar los licitadores.

En nuestro país la garantía que se exige presentar en la mayoría de los concursos es de un cinco por ciento del importe del contrato adjudicado. En Estados Unidos por ejemplo, la garantía que ha de aportar el licitador en una obra pública supera en casi todos los casos el cien por cien del importe del contrato. Esto es muy importante, no solamente para tranquilidad del ente contratante que se garantiza un elevado grado de solvencia por parte del oferente, sino que exige que la entidad financiera o de seguros avalista ha de preocuparse adecuadamente que su avalado tenga capacidad para llevar a cabo el contrato adjudicado, por tanto analizará de forma exhaustiva si dicho avalado cuenta con la capacidad más que suficiente para ejecutar lo contratado, dado que habrá de responder por el total del proyecto.

Curiosamente esta exigencia provoca otro efecto en este caso muy beneficioso para los intereses públicos ya que son las entidades avalistas, privadas, las que con su garantía realizan un efectivo proceso de evaluación de capacidades, no solamente financiera, sino sobre todo técnica y operativa, haciendo no necesario toda la parafernalia pública que tenemos en nuestro país para clasificar a las empresas que pueden realizar contratos con la administración pública, porque los intereses de ésta estarán protegidos por las garantías sobre la totalidad del contrato.

Este requerimiento además provoca otro efecto positivo y es que las concurrentes son empresas más selectas, por tanto la competencia es más perfecta y claro está no es posible la distorsión de los precios que se producen en nuestros país que generan los famosos reformados.

*Economista

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